Por un monto de 23 millones 458 mil 285 pesos, la consultora Sánchez y Sánchez Asesores compró los 5 mil 602 vehículos considerados “chatarra” que fueron abandonados en el depósito vehicular del ayuntamiento de Puebla.

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, la regidora Ana María Jiménez Ortiz, quien explicó que, de las siete empresas participantes, solo esta cumplió técnicamente con lo requerido en la convocatoria.

De acuerdo con las bases de licitación, la puja mínima que colocó el gobierno de la ciudad para adquirir los vehículos fue de 23 millones 212 mil 649 pesos, es decir, que la empresa solo ofreció 245 mil 636 pesos más de la cantidad estipulada.

La regidora detalló que, dentro de 5 días hábiles a partir de este lunes 1 de agosto, se firmará el contrato de compra-venta con la empresa.

Explicó que los automóviles se entregarán por lotes, así que los pagos serán semanales y la cantidad de 23.4 millones de pesos deberá estar cubierta a más tardar en 120 días, pues a finales de noviembre tiene que quedar desalojado el corralón municipal.

"El viernes (5 de agosto) que se firme el contrato con la empresa, nos dirán cómo irán sacando los automóviles, pues depende de la maquinaria con la que cuenten. Pues el adjudicado deberá pagar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de cada retiro de los vehículos del predio convenido y firmar un acta de salida semanal, que contenga el número y datos de los vehículos, así como los kilogramos totales de los mismos”, apuntó.

De acuerdo con las bases de la licitación, la empresa se tiene que encargar de la destrucción de los vehículos adjudicados y todas sus refracciones, con la finalidad que no se utilicen las piezas, refracciones o componentes del vehículo.

También debe extraer de las unidades aceite, material o líquido contaminante al medio ambiente; toda vez que los vehículos chatarra están considerados como desechos ferrosos contaminados.

El 6 de mayo, por unanimidad el Cabildo de Puebla aprobó la enajenación (venta) de los 5 mil 602 vehículos, infraccionados del año 2000 hasta el 2018.

En sesión extraordinaria, ese día la síndica María Guadalupe Arruabarrena García explicó que, debido a que nadie reclamó las unidades, se declararon formalmente abandonadas y, en consecuencia, pasaron a ser propiedad de la hacienda pública municipal.

Señaló que la Tesorería municipal agotó el procedimiento legal para que las unidades fueran reclamadas, el aviso de que quienes quisieran recuperarlas tendrían 50 por ciento de descuento en sus multas, pero nadie aprovechó el beneficio para recuperar su unidad.