Por unanimidad, el Congreso del Estado de Puebla aprobó nuevas reformas al Poder Judicial, con las que parchan el proyecto impulsado por el exmandatario Miguel Barbosa Huerta hace seis meses y restan facultades al Consejo de la Judicatura.

Además, los órganos jurisdiccionales tendrán mayor independencia y podrán presentar iniciativas ante el Legislativo, siempre que estén relacionados con su competencia.

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En sesión extraordinaria, con 37 votos a favor, los legisladores aprobaron reformar los artículos 63, fracción III, 86, 87, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

También se modificaron los transitorios que se emitieron tras aprobar la primera reforma, a finales de octubre del 2022.

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La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz dijo que la intención de la reforma es delimitar las funciones de las áreas administrativas y jurisdiccionales, lo que permitirá agilizar los procesos de impartición de justicia.

“Las poblanas y los poblanos merecemos un Poder Judicial fortalecido, capaz de responder a la vulneración de los derechos humanos, garantizar la reparación del daño, pero sobre todo la no repetición”, destacó la legisladora.

La iniciativa fue impulsada por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), para parchar la reforma que descentralizó al Tribunal Superior de Justicia.

Esta modifica de nueva cuenta la estructura orgánica del Poder Judicial, dándole mayor independencia a los órganos jurisdiccionales existentes: el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional.

Además, les brindará representación jurídica, pues ya no serán representados por el presidente del Consejo de la Judicatura, en este caso, Carlos Palafox Galeana; quien también perdería facultades para remover personal al interior del Poder Judicial.

Asimismo, les permitiría a los plenos de los órganos del Poder Judicial, siempre que fuera en el ámbito de su competencia, promover leyes y decretos ante el Congreso de Puebla, facultad que era únicamente del Tribunal Superior de Justicia.