El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta impulsa una Sala Constitucional en Puebla, para dirimir las impugnaciones contra leyes locales y que así ya no lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde su gobierno y el Congreso local han perdido todos los juicios que ha enfrentado en los últimos tres años.

En su reforma constitucional al poder Judicial, admitida este jueves por el Congreso del estado, el mandatario plantea que esta sala tenga la facultad de admitir y resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales como las que actualmente solo atiende la Corte.

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La sala contaría con cinco magistradas y magistrados nombrados por el Congreso del estado para un periodo de 15 años, pero propuestos por el gobernador.

Para establecer la creación, facultades y funcionamiento de la sala, la iniciativa contempla reformar los artículos 86 y 87 de la Constitución Política del estado.

Al igual que en la SCJN, ante la Sala Constitucional solo podrán promover acciones de inconstitucionalidad: el gobernador; la Fiscalía General del Estado (FGE); la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado; el Instituto Electoral del Estado (IEE); los partidos políticos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Itaipue).

Estos juicios también podrán promoverse por, al menos, el 33 por ciento de los 41 legisladores que integran el Congreso del estado, así como por al menos el 1 por ciento de personas inscritas en el listado nominal de electores.

Las salas constitucionales ya existen en varios estados, pero se desconoce con precisión si su operación ha agilizado la resolución de litigios y si realmente restan carga de trabajo a la SCJN, además de que se pone en duda su autonomía ante el posible control político de los gobiernos locales.

Las derrotas de la 4T en la SCJN

El gobierno de Barbosa Huerta, el Congreso del estado y los municipios tienen un récord de reveses en la Suprema Corte en los tres años que van del sexenio, por leyes y reformas que se aprobaron sin consultar a la población, sin debate, por resultar abusivas o por invadir facultades de otros poderes públicos.

Todas las derrotas judiciales han sido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que suma 23 juicios que involucran a Puebla y hasta ahora ha ganado 16, mientras que el resto están pendientes de resolver.

En la lista de reveses se encuentra la polémica Ley de Educación, llamada a nivel nacional como la “Ley Barbosa”, que generó revuelo por limitar a las escuelas privadas, pero la Corte invalidó algunos artículos por no consultar a la población indígena.

El también polémico cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) sigue impugnado por la CNDH, mientras el gobernador y casi todos los ayuntamientos exigen que se permita cobrarlo en todo el estado.