A casi una semana de la fecha en que el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, y personal del Poder Judicial del estado de Puebla se reúnan para conocer los avances de las peticiones a las mejoras laborales, se ha publicado un pliego petitorio de los temas a abordar, principalmente un aumento salarial digno.

En dicho pliego petitorio, los firmantes refieren que el presupuesto del ejercicio fiscal 2023, a disposición del Tribunal Superior de Justicia, es de mil 399 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 34.7 por ciento respecto a lo recibido para el ejercicio 2022.

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Carlos Palafox Galeana, ante las diferentes manifestaciones registradas en la sede de Ciudad Judicial, cuestiona a los quejosos “¿por qué hasta ahora muestran sus inconformidades y no en anteriores gestiones?”

El 3 y 10 de abril, ante la presencia de Palafox Galeana, personal del Poder Judicial del estado de Puebla denunció diversas inconformidades, principalmente las bajas percepciones salariales y maratónicas jornadas de trabajo, de entre 12 y 16 horas diarias.

Respecto al salario, denuncian que algunos secretarios y jefes de causa en los órganos jurisdiccionales del TSJ y los Juzgados de Primera Instancia y Especializados, es de apenas 10 mil pesos.

Mientras que personal de honorarios finanzas y honorarios tribunal, tiene un sueldo mensual actual de entre 5 mil y seis mil 518 pesos.

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De acuerdo con el pliego, solicitan que los secretarios y jefes de causa reciban una homologación salarial a la cantidad de 35 mil pesos que actualmente perciben los secretarios que laboran en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Consejo de la Judicatura, según refiere la Plataforma Nacional de Transparencia. Además, solicitan un bono anual de nueve mil 500 pesos, ya que “el de los jueces es tres veces mayor y el de los magistrados ocho veces más”.

Asimismo, piden que los salarios de los mecanógrafos, diligenciarios, oficial mayor y comisarios de los juzgados y salas, sean homologados al del personal contratado para laborar en el Tribunal Constitucional, que es de 15 mil pesos mensuales.

También solicitan que el incremento al salario sea aplicado al personal que se desempeñan en los departamentos de Informática, servicios generales, centro de copiado al público y todo el administrativo, pues actualmente percibe hasta cinco mil pesos al mes.

En tanto que para el personal de base, exigen un aumento a la compensación mensual de hasta cuatro mil 500 pesos.

El recurso del mencionado ejercicio fiscal 2023, aseveran, permitió un aumento salarial hasta del 20 por ciento, pero sólo a los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado de Puebla.

El presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal de este año, acusa el documento, fue mayor al recibido para el ejercicio fiscal del año 2022, el cual fue de 993 mil millones de pesos, es decir, casi 406 mil millones de pesos más.

Los quejosos incluso acusan un subejercicio del presupuesto para el año 2022 de hasta 15 millones 988 mil 129.12 pesos, ya que el Poder Judicial del Estado dispuso, bajo el rubro de servicios personales, la cantidad de 755 millones 587 mil 879.71 pesos, cuyo monto debía destinarse el importe de 20 millones 635 mil 203.33pesos por concepto de pago de estímulos a servidores públicos, del cual sólo se ejercieron 4 millones 647 mil 074.11 pesos.

Además, acusan que la falta de condiciones laborales del personal del sistema de oralidad no sólo afecta a los trabajadores, sino que propicia un rezago en la impartición de justicia en detrimento de la misma sociedad.

“Es de principal urgencia emprender acciones tendientes a privilegiar el derecho de acceso a la justicia. Máxime, que el finado gobernador Barbosa, siempre externó como su principal preocupación, que la gente siguiera sufriendo por la falta de tramitación oportuna de sus asuntos”.

Afirman que sólo en el año 2022 se generaron 10 mil 500 carpetas de investigación, más las que se han ido acumulando en lo que va de este 2023. Condición que ha producido una carga de trabajo que ya rebasa la capacidad de los nueve jueces, nueve secretarios y 12 operativos que laboran en el TSJ; además, sólo un juzgado del sistema tradicional cuenta con un juez, cuatro secretarios y 18 operativos.

La carga de trabajo, a su vez, obliga a las y los empleados del Poder Judicial a exceder de las ocho horas laborales establecidas en los artículos 21 y 24 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ante lo cual, se ven obligados a laborar cerca de 12 horas sin percibir un salario justo, ya que la mayoría recibe como pago apenas seis mil pesos mensuales, “aun y cuando son profesionales del derecho”, como reza el documento.

Al mismo tiempo, exigen a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, entre ellos jueces y magistrados, abstenerse de intimidar a cualquier integrante de la base trabajadora que exprese sus inconformidades laborales, así como a evitar cambios de adscripción injustificados o amenazas con abrir carpetas de investigación.

En la remisión de las solicitudes, refieren que en vida, Luis Miguel Barbosa Huerta aseveró que debían dignificarse los salarios de los trabajadores del Poder Judicial de Puebla.

Por último, los inconformes explicaron que el antecesor de Palafox, Héctor Sánchez Sánchez, informaba en 2020 que el Poder Judicial del estado de Puebla estaba “desdeñado” de las previsiones presupuestales anuales, con contraste con el incremento de hasta el 34.7 por ciento al presupuesto de este 2023, por ello, presentan un pliego petitorio de mejoras laborales.