El Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ) habría incurrido en un daño patrimonial a la Hacienda Pública equivalente a 938 millones 872 mil 428.05 pesos durante el ejercicio fiscal 2021, reveló la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De acuerdo con la Fiscalización Superior ejecutada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la cantidad auditada como etiqueta de asignación de recursos fue de 935 millones 429 mil 950.41 pesos por la parte de ingresos del año 2021.

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Mientras que, por egresos, se auditó la cantidad de 938 millones 250 mil 700.87 pesos. Por ambos rumbos, la cantidad total auditada por la Auditoría Especial de Cumplimento Financiero fue de mil 873 millones 680 mil 651.30 pesos.

A decir del Informe Individual del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, remitido por la Auditoría Superior del Estado ante el Congreso de Puebla, el resultado del ejercicio de fiscalización derivó en ocho observaciones de los elementos de revisión que el Tribunal Superior de Justicia no solventó, de las cuales dos son solicitudes de aclaración por las que se requiere la presentación de facturas y seis pliegos de observaciones a solventar, en los cuales se concentra el monto por el presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública.

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La falta de comprobación o la omisión en retención proporcional de cuotas emitidas a diferentes proveedores por parte del Poder Judicial del Estado de Puebla por los más de 938 millones de pesos radican  en los ocho de los nueve elementos de revisión, se clasifican en los conceptos Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; Productos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, asentados entre los ingresos y egresos ejercidos en 2021.

En ese sentido, de 40 millones 428 mil 326.09 pesos observados como diferencia de los recursos asignados y ejecutados por el Tribunal para gastos referentes a obra pública, servicio integral de digitalización e indexación de expedientes del archivo judicial y al pago de seguros de 24 vehículos propiedad del Poder Judicial del Estado de Puebla y 34 vehículos a nombre del Gobierno del Estado, solamente se solventó la cantidad de 10 millones 138 mil 650.49 pesos de los gastos menores relativos a pago servicio de telefonía, servicio de energía eléctrica, dejando sin comprobación un total de 30 millones 289 mil 675.60 pesos.

Otro elemento de revisión observado por la ASE y que no se acreditó, por la cantidad 44 millones 649 mil 443.83 pesos, el Poder Judicial del Estado remitió un par de documentos que desglosan productos y metadatos de ingresos y gastos, y en los que justifica que el recurso “es parte de los Ingresos Propios con los que cuenta el Poder, y se ocupan para garantizar la nómina que se genera por éste"; sin embargo, para la Fiscalización Superior no fue suficiente al no documentarse el destino por el que se ejerció dicho monto generado por supuestos rendimientos bancarios.

De los recursos asignados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, para uso del TSJ por el monto de mil millones 197 mil 633.70 pesos, la dirección general de la Comisión Administrativa y Presupuesto del Consejo de la Judicatura sólo acreditó la cantidad de 884 millones 572 mil 702.09 pesos, sin embargo, no se dio a conocer el destino que se les dio a los restantes 109 millones 417 mil 127.12 pesos.

Por la parte del destino de los egresos del ejercicio 2021, debido a la detección de la falta de retención por parte del TSJ en el pago de facturas por diversos servicios a 13 proveedores en sus facturas, el Poder Judicial del Estado de Puebla fue omiso al recabar la cantidad de 20 mil 928.68 pesos, mismo que hasta el momento se encuentra pendiente de pago por parte de dichos proveedores.

Respecto al concepto Capítulo 1000, que se refiere a las remuneraciones de personal al servicio de los entes públicos como son los salarios, los sueldos, las dietas, honorarios o prestaciones, el TSJ omitió la presentación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) que avalan la retención de dichas remuneraciones por un monto de 688 millones 054 mil 298.48 pesos; además, la ASE concluyó que en este elemento de revisión no proporcionó el soporte documental que demuestre la integración del “Capítulo 1000 Servicios Personales”, tampoco es posible conocer las bases para la determinación de la Retención del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.

Asimismo, por la falta de materialidad de 89 expedientes de adjudicación relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, el TSJ no proporcionó la totalidad de la documentación de los entregables lo anterior derivado de que en los contratos no especifica las condiciones de entrega, por lo tanto, no fue posible conocer cómo es que se llevaron a cabo las operaciones por la cantidad de 66 millones 440 mil 954.31 pesos. Dicho daño patrimonial del TSJ a Hacienda en 2021 asciende a más de 900 mdp.