Los trabajadores del gobierno estatal que cometan actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en su centro laboral serán dados de baja, sin derecho a liquidación o prestaciones que deriven de un despido.

En comisiones unidas de Trabajo y de Igualdad de Género, los diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado panista Rafael Micalco Méndez, presentada el 25 de noviembre del 2022.

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En el dictamen, se propone añadir el hostigamiento y/o el acoso sexual como una de las causales de suspensión temporal para los trabajadores, sin responsabilidad para el estado, cuando esto se compruebe.

Esto, al reformar el inciso A de la fracción V del artículo 43 y adicionar la fracción V al artículo 42 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

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En su justificación, el legislador panista consideró que la violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral, traducido en actos como acoso, discriminación salarial o dificultad para obtener un puesto de toma de decisiones tiene efectos nocivos para ellas.

Además, con este tipo de ajustes a los ordenamientos locales se abona al cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

“El dictamen también tiene que ver con la presunción de inocencia y solamente hasta que se dé la resolución se pueda considerar que hubo esta conducta”, detalló el director jurídico Gilberto Navarro Jiménez respecto a que burócratas serán dados de baja y no serán indemnizados cuando tengan conductas de acoso sexual.