Con dedazos, errores de redacción e incluso la integración de propuestas a medias, los diputados locales aprobaron en comisiones castigar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y revocar la patria potestad de los padres feminicidas.

El avance de ambas propuestas: la Ley Monzón y la Ley Malena o Ácida, se vio marcado por fuertes debates entre los integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género, las cuales lanzaron señalamientos que dejaron entrever que la celeridad en la dictaminación fue más por un asunto mediático que por sentido de justicia.

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Y es que castigar los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva en contra de las mujeres tendrá una sanción de hasta 40 años de cárcel; mientras que a la Ley Monzón, con la que se salvaguarda la integridad de los niños que hayan perdido a su madre por un feminicidio, se le dio luz verde de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

No obstante, su intento por congraciarse no alcanzará a sacar de la congeladora las propuestas para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la entidad, a pesar de que han pasado 43 meses desde que llegaron al Congreso de Puebla.

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Activistas confían en su aprobación y aplicación

Para activistas como Carmen Sánchez, presidenta de la fundación Carmen Sánchez MX dedicada a apoyar a sobrevivientes de violencia ácida, este avance en el Congreso de Puebla “es muy significativo y deja un precedente a nivel nacional”.

En entrevista con e-consulta, recordó que el fondo de la propuesta es el resultado del esfuerzo conjunto entre los diputados proponentes, colectivas, activistas y mujeres sobrevivientes de ataques con ácido.

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"Desde la fundación Carmen Sánchez reconocemos el trabajo de los diputados. (...) Este logro se lo dedicamos a Abigail Merino, Ana Saldaña, a mí, a Elena Ríos, a Esmeralda Millán, a Gloria Hernández, a Karina Mendoza, a Mariana Gamboa; (...) pero también en memoria de Cinthya Reyes, de Gabriela, de Gloria, de Mireya y de todas esas mujeres que fueron torturadas con ácido antes del feminicidio," comentó la activista.

Sin embargo, recalcó que este ordenamiento puede ser perfectible, por lo que confió en que más adelante, los legisladores podrán reformar la Ley de Salud para que las víctimas sean intervenidas quirúrgicamente de forma gratuita, que reciban atención psicológica y terapias de rehabilitación, pues el objetivo debe ser "contar con una ley integral".

Adelantó que estará presente en la sesión plenaria del próximo jueves 2 de marzo y confió en que la mayoría de los diputados locales votarán a favor de sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas obtengan justicia.

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Carmen Sánchez indicó que, aunque no existe un registro oficial de víctimas y hay más casos sin denunciar o conocerse, su fundación ha documentado 36 a nivel nacional, pero “el estado de Puebla es una de las entidades que tienen más mujeres atacadas con ácido”.

Además, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) del 2016 al 2021 se reportaron 13 ataques con ácido. El mayor número de casos se reportó en 2016 y 2018 con tres registros cada uno. Le siguen el 2019, 2021 y 2022 con dos denuncias por año. El año con menos incidencia fue el 2020, con una denuncia. 

Este lunes, en comisiones se aprobó por unanimidad que los ataques con ácido o con cualquier otra sustancia corrosiva que se cometa en contra de las mujeres se castiguen como tentativa de feminicidio y no como agravante del delito de lesiones.

Los agresores de violencia ácida podrían pasar de 26 a 40 años en prisión y pagar una multa de 333 a 666 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de 34 mil 545 pesos a 69 mil 091 pesos.

Intentan invisibilizar a Cecilia Monzón

También se logró la aprobación, por unanimidad, de la llamada Ley Monzón, con la que se suspenderá o revocará la patria potestad los menores cuando su padre enfrente un juicio por el feminicidio o tentativa de feminicidio de la madre.

Su avance se vio empañado ante el intento de invisibilizar a la mujer por la que las reformas al Código Civil fueron bautizadas de esa forma: la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo del 2022 y su hijo quedó bajo el resguardo de su padre Javier López Zavala, presunto autor intelectual del crimen.

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En rueda de prensa, posterior al desahogo de las comisiones, el presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, pidió no colocarles nombres a las leyes o reformas que se realicen para evitar protagonismos o delimitar la aplicación de los mismos.

En respuesta, la diputada petista e impulsora de la Ley Monzón indicó que el hecho de ponerle el nombre como muchas de las leyes que los llevan tiene una razón de ser pues sirven para visibilizar a las víctimas.

“Si bien es cierto que esta iniciativa va a impactar la realidad de los 217 municipios de este estado, estaríamos hablando de quitarle el ‘Alerta Amber’, porque Amber era una menor, como la ‘Ley Olimpia’ y todos conocemos a Olimpia Coral. Al final también es parte de respetar a las víctimas”, aseguró.

En tanto, la diputada Aurora Sierra Rodríguez acusó que sus propuestas en la Ley Monzón quedaron fuera del dictamen final, entre las que se encuentran embargar las cuentas bancarias y bienes del agresor para proteger económicamente a los menores.