Los ataques con ácido, o cualquier otra sustancia corrosiva, en contra de las mujeres se castigarán como tentativa de feminicidio y no como agravante del delito de lesiones, según lo aprobado este lunes por diputados locales; también en el Congreso entre acusaciones de malas prácticas legislativas la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó por unanimidad la Ley Monzón, para salvaguardar a los infantes y adolescentes de Puebla.

Los integrantes de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad y Género aprobaron por unanimidad reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Quienes agredan con ácido, o cualquier otra sustancia corrosiva, podrían pasar de 26 hasta 40 años en prisión y pagar una multa de 34 mil 545 o 69 mil 091 pesos, de acuerdo con los legisladores que concentraron las cinco iniciativas que llegaron al pleno desde septiembre de 2022 impulsadas por diputados del PRI, PAN y Morena.

Tras aprobar por unanimidad sanciones para la Violencia Ácida, la diputada @TonantzinFdz, una de las cinco promoventes, señaló que el calificarla como tentativa de #feminicidio permitirá que los agresores pasen hasta 40 años en prisión | Vía @AnaidPainappuru pic.twitter.com/fbq262IXW1

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Los ajustes provocaron una confrontación entre los diputados promoventes, al acusar errores de redacción, exclusión, omisiones y ambigüedades en la interpretación legislativa: el área jurídica explicó que generalmente los agresores no buscan acabar con la vida de las víctimas, sino marcarlas de por vida, a modo de “condena social”.

“Es la marca de la posesión machista. (…) Los tipos más comunes de ácido usados en este tipo de ataques son el sulfúrico, el nítrico y el hidroclórico. Las consecuencias a largo plazo incluyen ceguera, cicatrices permanentes, y dificultades psicológicas y económicas”.

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A partir de lo aprobado, la violencia ácida será “todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones internas, externas, o ambas”.

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A pesar del avance, y aunque no se incluyeron reformas a la Ley Estatal de Salud para atender a las víctimas de forma gratuita, como solicitaron sobrevivientes de ataques, la aprobación de las sanciones generó un debate que duró más de 40 minutos.

Las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia e Isabel Merlo Talavera, de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI, respectivamente, resaltaron errores de redacción que podrían afectar la aplicación de la ley. La panista Aurora Sierra celebró que estos ataques se consideren tentativa de feminicidio.

Mónica Silva Ruiz, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), dijo que “Puebla será pionero, y otras entidades estarán interesadas en replicar al poner esta violencia como tentativa de feminicidio”.

La sugerencia del priista Néstor Camarillo para bautizar las reformas con el nombre de alguna de las víctimas causó molestia en los presentes, porque desplazaría el caso con el que se justificó la iniciativa: el de la saxofonista Elena Ríos. La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, Nora Merino, pidió incluirlas a ambas, sin embargo, Aurora Sierra solicitó que el caso de Elena Ríos fuera el referente.

 El diputado Néstor Camarillo Medina (@NestorCamarillo) señaló que la ley es perfectible, por lo que aunque no sé reformó la Ley de Salud para atender gratuitamente a las víctimas de violencia ácida, estas consideraciones podría incluirse más adelante. Vía | @AnaidPainappuru pic.twitter.com/5CB4WFistq

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La Ley Monzón, a un paso de hecho

También en el Congreso los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron por unanimidad la Ley Monzón que revocará la patria potestad a padres que enfrenten juicio por tentativa o feminicidio en Puebla.

Diputadas del PAN lamentaron que algunas de sus propuestas no hayan sido incluidas en el dictamen final de la Ley Monzón, a pesar de que se emitió bajo el principio de concentración.

Con todo y los jaloneos avalaron reformar la fracción III del Artículo 627, la fracción I del Artículo 629, las fracciones III y IV del 633, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y adicionar el primer párrafo del artículo 634, la fracción I Bis al Artículo 628, la fracción V al Artículo 633, y la fracción III del Artículo 634.

De aprobarse en el pleno la patria potestad se acaba cuando los menores que estén sujeta a ella alcancen la mayoría de edad, cuando el titular de ella sea condenado por delito de feminicidio en Puebla o por vinculación a proceso tentativa de feminicidio o la comisión del delito “en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad”.

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La legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo que existían muchos errores de redacción en el dictamen y cambios de fecha.

La Ley Monzón se aprueba nueve meses después del asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez y deriva de la pugna legal que emprendió su familia para obtener la custodia de su hijo.

El menor de cuatro años de edad, quedó al resguardo del padre biológico y presunto autor intelectual del crimen, el expriista Javier López Zavala, quien fue detenido el 6 de junio.