Con la de Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suman siete los recursos para evitar que Fuerza por México, partido fundado por Gerardo Islas, vuelva a competir en las elecciones del estado de Puebla.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido hasta el momento siete quejas sobre el registro del partido, mismas que serán analizadas y resueltas por la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

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De acuerdo con los asuntos en instrucción de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX), los nuevos recursos de apelación intentan revertir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), con la que se le solicitó al Instituto Electoral del Estado (IEE) permitir el alta de FxM.

Las impugnaciones promovidas por las representaciones de Nueva Alianza y el PVEM quedaron identificadas con los oficios SCM-JRC-5/2023 y SCM-JRC-4/2023, respectivamente.

Cabe recordar que las primeras inconformidades sobre el tema fueron promovidas por Movimiento Ciudadano (MC), Pacto Social de Integración (PSI), Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Movimiento Ciudadano promovió un juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el expediente SCM-JRC-1/2023, para controvertir la resolución TEEP-A-007/2022 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) con el que se ordenó al IEE otorgar “el registro FxM como partido político local”.

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En tanto, los partidos PAN, PSI, PRD, y PRI presentaron recursos de apelación en contra de la revocación de la resolución RPPE-001/2022, con la que el Tribunal Electoral de la entidad ordenó emitir un nuevo acuerdo en el que otorgue el registro como partido político local a Fuerza por México.

Los expedientes quedaron archivados con las claves SCM-JRC-7/2023, SCM-JRC-6/2023 y SCM-JRC-8/2023, SCM-JRC-2/2023, respectivamente.

El 31 de enero, el IEE otorgó el registro como partido local a Fuerza por México (FxM), a petición del TEEP. La decisión causó la inconformidad de los representantes de las demás fuerzas políticas, incluso de su aliado Morena, que calificaron la decisión como “contraria a derecho”.