Del 2019 al 2021, el gobierno del estado de Puebla no cumplió a cabalidad con sus obligaciones de transparencia, lo que hace imposible conocer la aplicación y destino de los recursos públicos, en especial durante la emergencia sanitaria por covid-19, pues justificaron menos del 50 por ciento de sus actividades financieras.

En este periodo, las secretarías estatales y algunos Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s) dejaron de actualizar sus informes trimestrales de actividades en las páginas de transparencia, siendo las más omisas Finanzas, Salud, Función Pública y Bienestar.

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En entrevista en Ante La Corte de e-consulta, la abogada Itzel Jiménez Ríos, autora del ensayo “Pandemia de opacidad en el gobierno de Puebla”, afirmó que la gestión del exmandatario Miguel Barbosa Huerta ha sido de las menos transparentes en la entidad.

Su libro obtuvo el segundo lugar del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación 2022 que organizó el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y será presentado el próximo viernes en la Casa de Lectura Profética.

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Itzel Jiménez Ríos explicó que su trabajo es una comparativa del número de contratos que se celebraron en el 2019, 2020 y 2021 que se encuentran publicados en los portales de transparencia; así como la justificación del gasto anual respecto a las Leyes de Egresos aprobadas.

Señaló que, aunque la mayoría de contratos otorgados en esos tres años fueron por licitación, los montos justificados por las dependencias y entidades no superaron el 10 por ciento de los presupuestos aprobados para dichos ejercicios fiscales.  

Esto porque en el 2019 sólo se transparentaron 8 mil 553 millones de pesos de los 91 mil 735 millones  pesos aprobados; en el 2020 apenas 2 mil 847 millones de pesos de un presupuesto de 96 mil 338 millones 254 mil 860 pesos; y en 2021 se justificaron 3 mil 924 millones de pesos de un monto de 104 mil 094 millones 385 mil 686 pesos.

Secretaría de Finanzas, la más opaca del gobierno de Barbosa

Recalcó que la Secretaría de Finanzas fue la más opaca, ya que sólo justificó la utilización de mil 690 millones de pesos, en el 2019; 62 millones, en el 2020; y 154 millones en el 2021; lo que es “una locura”, ya que se realizaron más compras durante los años de pandemia.

Además, sólo transparentó el 42 por ciento de las compras públicas sobre el gasto total devengado que realizó en el 2019; 2 por ciento en el 2021; y el 4 por ciento en el 2022.

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Comentó que, entre las otras secretarías, las que menos justificaron sus contratos, licitaciones o gastos fueron las de Bienestar, Educación, Salud, Seguridad Pública y la Función Pública, a pesar de que esta última es el órgano encargado de evitar la comisión de actos de corrupción.

“Para nosotros también fue como un reto, porque lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos estos 100 mil millones de pesos que son el presupuesto, pero no sabemos qué porcentaje de esos representan las compras públicas (…) Lo que hicimos fue comparar estos montos que se habían transparentado con la cuenta pública”, comentó Itzel Jiménez Ríos.

La abogada Jiménez Ríos dijo que las dependencias y entidades estatales “utilizaron como pretexto” las restricciones y suspensión momentánea de obligaciones de transparencia que derivaron de la pandemia por covid-19.

Afirmó que 2020 fue el año en el que menos se justificó el uso del gasto o la celebración de contratos para atender la emergencia sanitaria, ya que ni siquiera existe información para calcular el porcentaje de compras que se realizaron.

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También lamentó que, aunque el gobierno del estado habilitó una página especial de transparencia para informar a la población sobre la atención del virus, la Secretaría de Salud no contaba con un desglose de pagos, contratos, proveedores, entre otros.

“¿Cómo puede ser que para 2019 haya gastado en compras públicas 2 mil 300 millones y para 2020-2021 no se estén trasplantando alrededor de 400 millones cuando aparte fue el año en el que inició la pandemia? La hipótesis no es que no compraron, que también sería bastante grave pensar que la Secretaría de Salud en esa época no comprara, es que compró y no nos dijo cómo compró”, detalló.

OPD en la opacidad; reducen contratos por adjudicación directa

La autora del ensayo “Pandemia de opacidad en el gobierno de Puebla”, Itzel Jiménez Ríos, señaló que también existe falta de transparencia en las acciones financieras efectuadas por los Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s).

Reconoció que estos “quizás no son tan graves como la secretarías”; sin embargo, recordó que, al recibir un presupuesto estatal, los OPD´s están obligadas a explicarle a la ciudadanía la forma en la que se aplican o qué bienes o servicios se adquieren.

Entre las 20 entidades analizadas se encuentran Carreteras de Cuota Puebla, el Centro de Conciliación Laboral del Estado, Ciudad Modelo, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Puebla, y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

“Nos dimos cuenta justo de que el 2020 se transparentó el 47 por ciento menos de lo que se transparentó en 2019; y para 2021 el 35 por ciento menos con respecto a 2019. Entonces tenemos que para el 2019 se transparentaron 2 mil 800 millones, para el 2021 solo se transparentaron mil 515 millones. (…) Ese dinero se gastó en contratos de bienes y servicios, pero no sabemos ni a quién se lo dieron ni la forma en la que se lo dieron, cuánto fue que se compró, nada”, lamentó.

Sin embargo, reconoció que durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta se redujeron los procedimientos de adjudicación directa y crecieron los de licitación pública, aunque subrayó que la constante de los gobiernos es tener contrataciones por invitación restringida. 

Detalló que, en 2019, 63 de cada 100 contratos fueron por adjudicación directa; para el 2020 esta cifra se redujo y pasó a 54 de cada 100; y para el 2021 fueron 35 de cada 100.

Asimismo, comentó que durante esos tres años el procedimiento a través del cual se ha adjudicado mayor cantidad de dinero fueron las licitaciones “aunque esto no implica que haya menos corrupción”, al no detallar la forma en que se concursa o se adjudican los contratos.  

“No hay información. Puede ser que todos los contratos faltantes sean adjudicaciones directas o puede ser que todos sus contratos faltantes estén plagados de corrupción, es decir, a pesar de que hay este plus, esas cifras no nos dicen nada”, concluyó.