El Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento no se aplicó de forma correcta en el caso de Daniel Picazo, lo que derivó en la muerte del ex asesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez.

Sin embargo, la presentación de denuncias penales en contra de los funcionarios de Huauchinango o estatales que fueron omisos será responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de Puebla, explicó que fue la respuesta tardía de las autoridades municipales lo que retrasó casi dos horas la llegada del personal de la Secretaría de Gobernación y la Policía Estatal.

“El protocolo de actuación no fue correctamente aplicado desde el principio de la situación, por lo que cuando los representantes de la Secretaría de Gobernación y la policía estatal intervinieron era demasiado tarde”, dijo el secretario.

Explicó que de acuerdo con los informes oficiales la Policía Municipal tuvo conocimiento de los hechos a las 21:51 horas, pero el gobierno y la Policía Estatal supieron del caso hasta las 23:03 horas.

Además, dijo, los comisionados de la Secretaría de Gobernación tuvieron que trasladarse hasta la junta auxiliar de Papatlazolco y tardaron 30 minutos en llegar.

Alrededor de las 23:29 horas ya había unas 300 personas golpeando al hombre, “presumiendo que el linchamiento se había consumado” y los oficiales de refuerzo no pudieron acercarse porque los pobladores pusieron barricadas.

Aseguró que desde el gobierno se   ha dado seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y se han reunido con los padres de la víctima; sin embargo, destacó que será la FGE quien proceda en contra de los funcionarios que considere responsables.