Cinco meses después del linchamiento del abogado Daniel Picazo en Papatlazolco, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y al ayuntamiento de Huauchinango, en la que instruyó otorgar una reparación del daño a la familia de la víctima e identificar y sancionar a los servidores públicos omisos que presenciaron el linchamiento.

Esto tras concluir que se violentaron los derechos humanos de un civil que en ningún momento cometió un delito y murió quemado a manos de pobladores de la comunidad la noche del 10 de junio.

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“La CDH Puebla determinó la existencia de violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por omitir brindar seguridad pública oportuna, protección y auxilio en agravio de la víctima”, declaró el Tercer Visitador General de la CDH Puebla, Israel Villa Cobos.

De acuerdo con la CDH Puebla, autoridades presenciaron o supieron del hecho a tiempo para impedirlo, entre ellos elementos policiacos y hasta el presidente municipal de Huauchinango, pero no hicieron nada al respecto.

El Presidente de la #CDHPuebla, Dr. José Félix Cerezo Vélez, presento el día de #hoy la Recomendación 18/2022 sobre las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida derivados de un linchamiento en la comunidad de Papatlazolco #Huauchinango, #Puebla pic.twitter.com/4aWNJ6DnV7

— CDH Puebla (@CDHPuebla) November 23, 2022

“A pesar del riesgo real e inminente en el que se encontraba la víctima, las personas servidoras públicas presentes no llevaron a cabo acciones para protegerlo”, se explicó en rueda de prensa al presentar la recomendación.

Además, se indicó que tampoco se llevó a cabo el protocolo contra linchamientos emitido por la comisión, por lo que se violaron los derechos a la seguridad jurídica y a la vida de Daniel Picazo.

¿Quién era Daniel Picazo, el linchado en Huauchinango?

El pasado 10 de junio Daniel Picazo salió de paseo a Papatlazolco y los pobladores del lugar lo confundieron con un “roba chicos”, pues se rumoraba en redes sociales de la presencia de presuntos secuestradores de niños.

Al no identificarlo, varias personas lo capturaron, lo ataron de las manos para poder golpearlo y lo quemaron vivo.

El agraviado era abogado y recientemente había laborado como asesor de una diputada federal. Tenía 31 años y había heredado de su abuelo una casa en Papatlazolco, así que decidió ir a verla sin imaginar que sería linchado.