Policías Estatales Custodias son enviadas a vigilar delincuentes con arraigo domiciliario, sin armamento y como castigo por “desobedecer” las órdenes de sus superiores, señalan que estas medidas son autorizadas por Zuri Saraday Flores Cuahutencos, titular de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

Fuentes cercanas a la corporación aseguran que las oficiales que muestran algún acto de rebeldía por cuestión de horarios o asignaciones, son enviadas en camión y por sus propios medios a diferentes municipios de la entidad para vigilar a personas investigadas que lograron arraigo domiciliario y así continuar con su proceso penal en libertad.

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De acuerdo con la información compartida a este medio, los hombres tampoco se libran de este tipo de reprimendas pues cada 15 ó 30 días, policías estatales custodios de diferentes centros penitenciarios son comisionados a varias regiones del estado sin pensar en su seguridad y el dinero que de su mismo sueldo deben invertir.

De todo esto acusan a Zuri Saraday Flores Cuahutencos, titular de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y a su mano derecha, un elemento identificado como Luciano González.

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Es de señalar que a finales de julio fuentes anónimas acusaron la venta ilegal de los planes de condiciones, documentos que, como el caso de la evaluación de riesgos de los acusados, indican la peligrosidad de los mismos y pueden influir en el tipo de medidas cautelares dictadas.

Según lo denunciado en su momento, la Umeca pone como plazo máximo 20 días para la entrega de dichos planes de condiciones, pero si los abogados pagan por ellos –presuntamente alrededor de 20 mil pesos-, son atendidos por la titular y se agiliza el trámite.

Contar o no con ese plan de condiciones, para una persona privada de la libertad (PPL), significa que su abogado pueda estar preparado para la defensa y solicitar una audiencia para obtener la suspensión condicional del proceso de su cliente.

Aunque desde entonces los quejosos solicitaron la intervención de las autoridades para vigilar el actuar de la titular de la UMECA, aseveran que no pasó nada y que los abusos por parte de la funcionaria y sus “apadrinados” continúan.