El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla fue exhibido por omiso y opaco por la agrupación Mexiro A.C., pues se detectó que la mayoría de documentos que debía publicar de 2018 a 2021 no están disponibles en su portal de internet.

El SEA es el organismo que debe coordinar a las autoridades encargadas de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, como el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue)

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Mexiro A.C. analizó alrededor de 11 mil documentos de 15 sistemas estatales anticorrupción, entre ellos el de Puebla, creado en 2016 tras las reformas constitucionales que en esa época presentó el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, motivo por el cual el actual gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha calificado a sus integrantes como “morenovallistas puros” que se oponen a su gobierno, por lo que ha pugnado por modificar el sistema.

Hace unos meses quienes integran el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del sistema anticorrupción local, lamentaron las descalificaciones del mandatario estatal, así como los recortes de sueldos y la limitación presupuestal que padecieron.

Sistema de Puebla reprobado

En su evaluación, la organización consideró el nivel de transparencia de los sistemas anticorrupción, si tienen un enfoque en derechos humanos, así como perspectiva de género.

De 109 documentos que debió publicar el SEA de Puebla, únicamente transparentó 26 por voluntad propia, y otros 14 que faltaban los entregó solo hasta que fueron solicitados vía transparencia.

Entre la información que se buscó del sistema se encuentra: el marco legal; la competencia del sistema; datos sobre su gestión y función cotidiana; información financiera y mecanismos de atención al público.

Aunque algunos documentos sí estuvieron publicados y otros se obtuvieron vía transparencia aun hace falta 69 documentos que podría ayudar a los ciudadanos a entender mejor el sistema en una nación en donde la corrupción es uno de los problemas más comunes.

En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 se dio a conocer que el 86.3 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno.

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El 14.7 por ciento de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 9 mil 500 millones de pesos, equivalente a 3 mil 44 pesos en promedio por persona.

Las instituciones que deben publicar información son la Secretaría Ejecutiva; el Comité de Participación Ciudadana, la Comisión de Selección, el Comité Coordinador y la Fiscalía Anticorrupción; todos integran el SEA.