El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Baltierra García exhortó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y al titular del Municipio de San Miguel Xoxtla, para que, de conformidad a sus facultades y atribuciones, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos en la Comisaría el 6 de noviembre del 2022.

A través de un Punto de Acuerdo, el legislador por San Martín Texmelucan refirió que todo lo anterior tiene que ver con presuntos hechos de tortura y tratos indebidos e inhumanos perpetrados por funcionarios públicos de seguridad pública adscritos al municipio de San Miguel Xoxtla en el Estado de Puebla, el pasado 6 de noviembre, como lo denunciaron medios de comunicación locales.

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El secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, indicó que la denuncia pública fue acompañada de videos donde se aprecia a personas jóvenes presuntamente detenidas, donde una de ellas es sometida a golpes pese a no presentar resistencia, y peor aún, puesta sobre la pared con las manos hacia arriba.

En el video, señaló, no se aprecia el rostro de los uniformados, pero si el lugar que se identifica como la comisaría municipal de San Miguel Xoxtla.

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Exigió que para el Estado Mexicano debe ser una tarea prioritaria erradicar el flagelo de la tortura. Lamentablemente, apuntó, factores como la corrupción, las malas prácticas, la insensibilidad, la falta de capacitación de las autoridades involucradas, así como la impunidad, “dificultan acreditar los hechos de tortura”.

Baltierra García apuntó que en México se cuenta con un amplio marco jurídico nacional e internacional sobre la prohibición de la tortura, “pero no trascenderemos a su plena erradicación mientras no se tengan conocimiento de ello, pero sobre todo se tolere o acepte como practica necesaria para la obtención de ciertos fines, con lo que la naturalizan o normalizan, creando un contexto favorable a los torturadores para continuar aplicándola con total impunidad”.

Detalló que la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos son todo acto que atenta contra la integridad física, psíquica y moral que se infringe intencionalmente a una persona por medio de sufrimientos, dolores, penas y trato cruel, inhumano o degradante que menoscaba la dignidad humana de la persona.

“Desafortunadamente este tipo de trato se realiza con el fin de obtener una confesión, conseguir información, castigar a una persona por un acto que haya cometido o que se sospeche ha cometido”, señaló.

Demandó que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Finalmente, dijo, es oportuno tener presente que, en materia de derechos humanos, para combatir la tortura, se debe cumplir con tres aspectos básicos: la prevención, la sanción, y la reparación.

“Estos tres elementos están incluidos en la legislación mexicana, pero es también esencial el compromiso de todas y todos para impedir los actos de tortura, ese es el elemento principal para combatirla”, concluyó.