Aunque el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta presumió que la Fiscalía General del Estado (FGE) es “la mejor del país”, datos oficiales exhiben que la gestión del fiscal Gilberto Higuera Bernal acumula más de 3 mil denuncias por abusos y tortura, ha fallado en la modernización de sus instalaciones y ha incumplido su meta de mejorar la atención de víctimas.

En conferencia de prensa el 25 de octubre, el mandatario defendió que: “Puebla tiene la fiscalía más eficiente del país. Todos los delitos que aquí se comenten, se investigan y la mayoría se esclarecen y se sancionan”. Esto luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó que menos del 55 por ciento de la población confía en la autoridad investigadora.

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El gobernador desacreditó las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, al señalar: “el INEGI preguntó a 4 millones de poblanos, somos 6 millones y medio (…), con eso se cae todo”.

No obstante, las mediciones revelaron que entre marzo y abril de este año la FGE de Puebla fue la tercera de 10 autoridades que la gente calificó con “mucha desconfianza”, con poco más del 18 por ciento de las opiniones.

Desde el 11 de septiembre de 2018, Gilberto Higuera Bernal encabeza la fiscalía de Puebla, con lo cual ha estado en cuatro gobiernos estatales: el de Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso Hidalgo, Guillermo Pacheco Pulido y ahora Barbosa Huerta.

En ese tiempo la administración del fiscal acumuló más de 3 mil quejas por violaciones a derechos humanos e incumplió con sus objetivos de mejoras y avances en sus estrategias de hallazgo de personas desaparecidas.

FGE acumula 3 mil quejas por abusos

“La detuvieron arbitrariamente, al igual que a su hermana y su papá, a quien les consta que lo torturaron. Después las dejaron en libertad y a su papá (…) lo trasladaron al Estado de México”; “fueron detenidos a las 7 de la mañana en su casa por agentes ministeriales, los cuales no se identificaron, golpeando a mi hermana y a su pareja”. Estos son algunos de los relatos por los que se iniciaron 3 mil quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la FGE de Higuera Bernal.

La Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla confirmó en una solicitud de acceso a la información pública que, entre el 12 de septiembre del 2018 y junio de este año, se iniciaron 3 mil quejas que señalan abusos de la fiscalía estatal, de las cuales, ya se cerraron 2 mil expedientes, cuya principal causa fue falta de seguimiento del denunciante o por falta de materia.

Entre las quejas que se iniciaron en contra de la autoridad investigadora resaltaron 50 denuncias de tortura por parte de elementos de la fiscalía, de los cuales, 33 permanecieron sin respuesta y las otras 18 se cerraron, en su mayoría, por desistimientos de los denunciantes, mientras que solo dos casos se resolvieron en medio del trámite y otros dos se convirtieron en recomendaciones.

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Un testimonio de tortura ocurrió el 19 de enero de 2021 y relata: “mi esposo fue detenido por agentes de investigación, sin ninguna orden, y trasladado al Cereso (Centro de Reinserción Social) de ‘San Miguel’ en Puebla, a lo cual le cobran dinero para poder tener seguridad, comida”.

En abril de este año una mujer acusó que “fue detenida y golpeada por agentes ministeriales para obligarla a confesar la comisión de un delito”.

Otro caso fue el 15 de enero de 2020: “llegaron a su casa buscando a una persona que ella conoce, entraron, la agarraron de pies y manos, diciéndole que si no decía dónde estaba se la iban a llevar a ella”.

También la fiscalía de Puebla pudo sobrepasar su jurisdicción en Orizaba, Veracruz, luego de que “llevaron (a los quejosos) a un domicilio particular en donde les infringieron actos de tortura, y actualmente se encuentran a disposición del Juez de Oralidad de Tehuacán”, así como forzaron confesiones “provocándole golpes, quemaduras de cigarro, causándole asfixia con una bolsa de plástico y quemaduras con un trapo que mojaban con agua hirviendo (…), porque le preguntaban con quien trabajaba en las extorsiones, pero como ya no quería ser torturado inventó la información”.

Del 12 de septiembre del 2018 al mismo mes de este año, la CDH emitió seis recomendaciones que involucran a la FGE de Puebla, de las cuales tres se emitieron este año, bajo los números 06/2022, 11/2022 y 12/2022, en las cuales se exhiben violaciones a los derechos a la integridad y a la seguridad jurídica.

Retrasos en fiscalía de desapariciones

“No hay un caso que sea denunciado sobre feminicidios y desaparición de personas que no se investigue, y muchos se resuelven”, defendió Barbosa Huerta al descalificar el Diagnóstico Nacional de Mujeres Desaparecidas, generado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDH), pero su propia administración ha reconocido retrasos para mejorar sus técnicas de búsqueda y falta de atención a la infraestructura de resguardo para cadáveres.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) reveló que, entre el 1 de agosto del 2019 al 1 de noviembre de este año, periodo del gobierno de Barbosa Huerta, en Puebla suman mil 159 desapariciones, de las cuales 341 personas permanecen sin localizar y representan más del 29 por ciento de los casos, además de que 73 de las víctimas fueron halladas sin vida.

Aunado a que en la actual administración no se localizaron a tres de cada 10 desaparecidos, la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Cecsnsp) advirtió en su Evaluación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que en el ejercicio fiscal 2021 la entidad “no cuenta con Fiscalías Especializadas en Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas en distintas sedes y subsedes”, lo que se convirtió en una de las debilidades de la infraestructura de la autoridad.

La nueva Fiscalía Especializada en Investigación del Delito, de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas se formalizó en el Periódico Oficial del Estado el 17 de marzo del 2020, pero se concretó su creación hasta 2022, al menos en comunicados de prensa de la FGE, donde se ha presumido que existe un área especializada para atención de casos de personas sin localizar en Puebla.

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Otro de los pendientes detectados en las revisiones que se hicieron al FASP fueron deficiencias en el Servicio Médico Forense (Semefo), a cargo de la FGE de Puebla, luego de verificar el estado de los 17 espacios para resguardar cuerpos, pero 16 de los lugares los calificaron en “malas condiciones” y el de la capital poblana fue el único al que consideraron “regular”. Durante el año pasado sumaron 292 cadáveres en calidad de desconocidos, junto con 165 restos óseos y cuatro segmentos corporales sin identificar.

FGE incumple metas de mejora

La Auditoría Superior del Estado (ASE) en su última revisión de desempeño del 2019 a la FGE, pues aún no termina la fiscalización de los ejercicios de años posteriores, revelaron que en la gestión de Higuera Bernal no se alcanzaron las metas para atender las investigaciones rezagadas del Sistema Penal Tradicional, proyectos para reforzar su infraestructura y generar números a investigaciones.

Los principales pendientes de la FGE poblana fueron en el rubro de fortalecimiento las agencias del Ministerio Público, porque permanecieron en 0 por ciento de avance en seis de los ocho indicadores evaluados, cuyos principales incumplimientos fueron: incrementos salariales del personal; adquirir 40 nuevos vehículos; comprar computadoras; obtener impresoras; entregar laptops a su personal; edificar 594 estaciones de trabajo.

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Detalló que uno de los principales pendientes de la fiscalía fue tardarse menos de 134 minutos, poco más de 2 horas, en la generación del número único de carpetas de investigación, además de que concluyó en 2019 con 0 por ciento de cumplimiento y tampoco reportó progreso en el servicio profesional de carrera.