En el combate al covid-19 el gobierno de Puebla encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta benefició a empresas aparentemente inexistentes o de gente afín al gobernador, como la compañía del excandidato a la alcaldía capitalina, Eduardo Rivera Santamaría, quien se llevó la tajada más grande en los contratos de 2020.

e-consulta reveló el miércoles que la Secretaría de Salud (SSA) del estado, encabezada hasta el 12 de junio de 2020 por Jorge Humberto Uribe y luego por José Antonio Martínez García, aparentemente empleó a empresas sin experiencia, permitió la simulación de competencia en las licitaciones, contrató a compañías con domicilios sin localizar y compró artículos médicos que no tenían acreditada su utilidad o efectividad ante la Cofepris.

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Global Media Servicios S. de R.L. de C.V., Coinca S.A. de C.V., Construcciones Profesionales Rviram S. de R.L. de C.V. y Avalos y Ocaña S.A.P.I. de C.V. son las empresas contratadas con domicilios no localizados o “dudosos”, así que se presume que son “fantasma”, de acuerdo con una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado.

La SSA realizó 153 contratos para atender la emergencia de covid-19 en 2020, sin embargo, al menos 40 empresas eran irregulares o sospechosas, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento E-01 SSEP/2020.

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De las 40 empresas, 29 no tenían un domicilio localizado o era dudoso. Hubo casos en los que se registraron como domicilios de inmuebles en el centro histórico de Puebla, pero el lugar eran locales y espacios abandonados.

Destaca el caso de Global Media Servicios S. de R.L. de C.V. que recibió dos contratos equivalentes a 43 millones 61 mil 104 pesos.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio los socios de esta compañía son Eduardo Rivera Santamaría y Eduardo Rivera Rodríguez; el primero fue candidato a presidente municipal de la capital poblana por el partido Fuerza México el año pasado.

Esta compañía destacó por vender 197 mil 7 googles chinos por 36 millones 500 mil 511 pesos que ni siquiera eran para uso médico además no contaban con fichas técnicas y de seguridad y con ello no se acredita el cumplimiento de las normas establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

También está el caso de Coinca S.A. de C.V. que recibió 10 contratos por un monto de 4 millones 987 mil 519.25 pesos.

Esta empresa el Registro Público de Comercio tiene publicada un acta constitutiva, sin embargo, prácticamente está vacía ya que no viene ni si quiera el nombre del notario que la avaló ni ningún otro dato de la empresa. En otra acta subida al sistema se observa una situación similar, aunque ahí se puede percibir que Paul García Pavón Osorio era delegado especial de la empresa.

e-consulta dio a conocer en 2002 que Paul García Pavón Osorio, David González Huerta y Joel Cruz de la Rosa eran los socios de la empresa y que obtuvo ocho contratos por un monto de 6 millones 300 mil 169 pesos con el Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) en la gestión del gobernador Melquiades Morales Flores.

Mientras que Construcciones Profesionales Rviram S. de R.L. de C.V. consiguió 18 contratos por 3 millones 396 mil 48.43 pesos. Sus socios son Sergio Ruiz Terán, Juan Antonio Huerta Cortes, Jaime Ruiz Terán y Abraham Ramírez Talavera, según el acta constitutiva.

Además, por separado, Sergio Ruiz Terán recibió 2 millones 733 mil 793.44 pesos a cambio de 13 contratos. De acuerdo con la auditoría, esta persona es socio mayoritario de Construcciones Profesionales Rviram S. de R. L. de C. V., es decir, participó en los mismos procesos, pero por separado, por una parte, de manera individual y por otra, con la empresa antes referida.

A la par, Avalos y Ocaña S.A.P.I. de C.V. tuvo un solo contrato por 2 millones 743 mil 980 pesos, sus socios son Arturo Avalos Cacho y María Teresa Ocaña Moreira según el acta constitutiva publicada en el Registro Público del Comercio.

Otras irregularidades

Otras empresas o personas que también destacaron fueron Comercializadora IPSUM S.A. de C.V., Daniel Martínez Morales, Falcone GP S.A. de C.V., Grupo Maquilador Mere S.A. de C.V., Grupo Multiservicios Gocamex S.A. de C.V. e Infra S.A. de C.V., pero por no estar inscritos en el padrón de proveedores.

Las irregularidades de las compañías contratadas por la SSA van desde no tener experiencia, no generar competencia real en las licitaciones. El monto de las adquisiciones asciende a más de 50 millones de pesos.