El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) y cuatro universidades estatales en Puebla generaron un probable daño patrimonial por 17 millones 438 mil pesos al pagar plazas no autorizadas; costear a trabajadores sin título y cédula; dar pagos excesivos al responsable de mantenimiento y hacer compras en 2022 cuando el dinero era del ejercicio fiscal de 2021.

Esto se vio reflejado en la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública de 2021 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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Las universidades relacionadas con las irregularidades fueron la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Universidad Tecnológica de Puebla, Universidad Tecnológica de Tecamachalco y la Universidad Politécnica de Puebla.

En el caso del Cobaep, la ASF detectó un probable daño patrimonial por 9 millones 460 mil pesos por pagar 63 plazas no autorizadas. 

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Hasta la semana pasada Arturo Rodríguez Ballinas era encargado de despacho de la dirección general del Cobaep, quien salió tras la renuncia del secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, que es investigado por la Secretaría de la Función Pública; esto ocurrió después de que docentes abuchearan al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en un evento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo la ASF acusó un probable daño patrimonial por un monto de 120 mil 811 pesos por realizar pagos a un trabajador que careció de la cédula y título profesional.

A este monto se debe sumar la cantidad de 707 mil 314 pesos por realizar el pago de seis plazas no autorizadas en tres categorías y por realizar pagos en exceso a un trabajador de la categoría asistente de servicio de mantenimiento.

De acuerdo con la página de internet de la universidad, el rector a cargo es Fiacro Luis Torreblanca Coello.

Mientras que la Universidad Tecnológica de Puebla fue acusada de realizar pagos de dos plazas adicionales a las autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la categoría de coordinador; por pagar 51 plazas que correspondieron a cinco categorías que no fueron autorizadas y por realizar pagos después de la fecha de baja a un docente.

La institución es encabezada por Miguel Ángel Celis Flores conforme con la información publicada por el sitio web de la universidad. El monto involucrado en las irregularidades fueron por 3 millones 879 mil 883 pesos. 

La ASF también acusó a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco de hacer pagos a cuatro trabajadores que carecieron de la cédula profesional, de los cuales cuatro carecieron del título profesional y tres no tenían la documentación que acreditara su relación laboral con la universidad; por realizar pagos en 21 plazas no autorizadas por la SEP en tres categorías.

La institución es dirigida por María Luisa Juárez Hernández y el monto involucrado es de 772 mil 856 pesos. 

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A la par, la ASF indicó que la Universidad Politécnica de Puebla generó un probable daño patrimonial por 187 mil 531 pesos por realizar pagos a cuatro trabajadores que ocuparon los puestos de jefe de departamento de idiomas y educación continua, jefe de oficina a, jefe de oficina b y profesor de asignatura, de los cuales no se acreditó su nivel académico requerido ni su título profesional correspondiente.

A este monto también se debe sumar la cantidad de 2 millones 310 mil 167 pesos por ejercer durante el primer trimestre de 2022, recursos destinados para 2021 y que no se comprometieron al 31 de diciembre del año pasado en los contratos números 35-CTO-21, 36-CTO-21 y 37-CTO-21, con fecha de formalización en enero de 2022.