La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el polémico cobro del alumbrado en Puebla, así que para 2023 podrán recaudarlo todos los ayuntamientos si lo incluyen en sus leyes de ingresos que serán aprobadas por el Congreso del estado.

El pleno de la corte determinó este martes por mayoría de votos, dejar firme el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que el poder Legislativo estableció en 144 Leyes de Ingresos Municipales de 2022, al considerar que la medida se ajusta a los estándares que ha fijado el alto tribunal.

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No obstante, invalidó el cobro que hacían los ayuntamientos por la búsqueda y expedición de documentos en copia simple y copia certificada, con tarifas que iban de 104 a 283 pesos por hoja, además de que echó abajo las de búsqueda, reproducción y entrega de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, pues los costos sobrepasaban el precio comercial.

Corte avala cobro del alumbrado en Puebla

“Las normas impugnadas que prevén el cobro por el Derecho de Alumbrado Público se encuentran estructuradas conforme a los estándares establecidos por este Alto Tribunal (…) por tanto, contienen los elementos propios de un derecho”, explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que presentó el proyecto de sentencia.

Se reconoció la validez de las fracciones relacionadas con la prestación del servicio de alumbrado público, los sujetos, propietarios o poseedores de los predios urbanos o rústicos ubicados en el municipio, la base, el costo anual actualizado del servicio erogado por el municipio el año anterior, la cuota mensual y la época de pago.

 #ÚLTIMAHORA | La Suprema Corte declara la validez de diferentes fracciones de Leyes de Ingresos Municipales 2022 en #Puebla que regulan el cobro del #DAP. Invalida el cobro por la búsqueda y expedición de documentos.
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— Periódico e-consulta (@e_consulta) October 25, 2022

El pleno resolvió este martes las acciones de inconstitucionalidad que promovieron por separado la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con las claves 9/2022, 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, en las que demandaron la invalidez del cobro del DAP.

Las y los ministros Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votaron a favor de la validez del cobro, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán lo hicieron en contra.

Gutiérrez Ortiz Mena señaló que las disposiciones impugnadas contienen la estructura que permite fijar una base gravable para el cobro del DAP, sin embargo, los elementos que conforman la fórmula no corresponden al ejercicio en curso, sino que se incorporan los gastos del ejercicio inmediato anterior actualizados.

A inicios de este año la CNDH y la CDH promovieron las acciones de inconstitucionalidad contra el DAP que el 24 de diciembre de 2021 autorizó el Congreso del estado, en medio de protestas de diputados de Morena que calificaron el cobro como una medida recaudatoria que afectaría el bolsillo de las familias.

Habrá cobro del DAP en Puebla en 2023

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, celebró el aval de la SCJN al cobro del DAP en Puebla, pues dijo que se demostró que el poder Legislativo tenía razón cuando lo avaló en 2021.

El coordinador de la bancada de Morena dio a conocer que ahora los municipios podrán incluir en sus leyes de ingresos 2023 el cobro del alumbrado público bajo la misma fórmula y con los mismos parámetros que se aprobaron para este año.

“Demuestra el trabajo de todos los legisladores, de las áreas técnicas y que al final de cuentas buscamos solamente poner orden y legalidad en cada una de las acciones y el tema del DAP era de orden y legalidad y hoy la Corte da la razón al Congreso”, comentó tras el fallo.

El morenista prefirió esperar a que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional (con la clave 14/2022) que el ayuntamiento de Puebla presentó contra la negativa del Congreso de autorizar la recaudación este año, antes de decir si se aprobará el DAP para 2023 en la capital, pues los ministros podrían ordenarles que repongan el proceso.

Reiteró que corresponde al gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez convencer a los legisladores de su partido, el PAN, para que impulsen el cobro el siguiente año.

“No es inconstitucional, hacemos reglas y leyes que permiten generar que este tema pueda tener un orden legal, es un tema de mucha técnica profesional, reconozco y quiero agradecer a las áreas técnicas del Congreso que se cuidara el procedimiento”, añadió.