El fiscal Gilberto Higuera Bernal lleva dos años como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en estos más de 700 días, la seguridad en Puebla no ha logrado mejorar, según los parámetros nacionales.

Una situación preocupante luego de que en la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que, si los fiscales no arrojaban resultados, debían ser despedidos.

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“Nosotros no vamos a plantear una reforma, creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza. Porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ahí está mi renuncia, ya me voy”, sentenció el mandatario.

La inseguridad y la impunidad en Puebla

Siete de cada 10 personas mayores de 18 años sienten que es inseguro vivir en Puebla, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada en septiembre de este año.

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De hecho, el tema de la inseguridad es el más preocupante para los poblanos, con un porcentaje del 65. 4 por ciento.

También, el índice de impunidad en el estado se mantiene alto pues está en 90.1 por ciento, de acuerdo con datos recolectados del año pasado en México Evalúa.

Y es que, además, la percepción de confianza en las autoridades deja mucho a desear. La ENVIPE publicó que la Fiscalía de Puebla apenas alcanza 65.3 por ciento de confianza de los poblanos y el Ministerio Público, así como Fiscalías Estatales una calificación del 54.8 por ciento.

La Policía estatal tenía 66.2 respecto a la confianza de los poblanos, la Policía Preventiva Municipal de 54.3 por ciento y la Policía Ministerial, Judicial o de investigación de 55. 2 por ciento.

Según datos de la propia Fiscalía de Puebla, en 2021 se iniciaron 75 mil 141 carpetas de investigación, pero apenas una tercera parte de las carpetas contaban con un inculpado o imputado. Sin mencionar que según la ENVIPE apenas se denuncian menos del 10 por ciento de los delitos en el estado.

La percepción sobre corrupción de las autoridades en Puebla es alta, de acuerdo con la ENVIPE. Siete de cada diez personas consideran corruptos a los jueces, el Ministerio Público y las fiscalías estatales. Pero aparte no es eficiente, pues la entidad poblana es la quinta entidad con más carpetas pendientes a nivel nacional, según México Evalúa.

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Otro “talón de Aquiles” de las autoridades es que el personal encargado de impartir justicia es que está mal preparado, al menos casi una tercera parte. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, el 28 por ciento de los policías estatales en 2021 sólo tuvo acceso a la educación básica.

Llamadas de atención de la Comisión de los Derechos Humanos

La más reciente fue tras el caso del asesinato de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, pues tras una nota periodística donde se mencionaba que antes de su muerte había solicitado protección a las autoridades, no se le brindó este servicio. Por lo que se le pidió a la Fiscalía de Puebla que entregara un informe además de que iniciara una investigación para dar con los culpables.

#Comunicado || La #CDHPuebla inició expediente de queja, derivado de la nota periodística "Asesinan a madre buscadora en Puebla; había solicitado protección" pic.twitter.com/LwAldtIkiP

— CDH Puebla (@CDHPuebla) October 6, 2022

Fue cuando detuvieron a Jesús Guillermo el 7 de octubre en un operativo en Villa Frontera, presuntamente por ser culpable del asesinato de Blanca Gallardo.

Aunque lo detuvieron por delitos contra la salud y portación de arma, su propio abogado de Guillermo y sus vecinos aseguraron que lo querían meter a la cárcel como “chivo expiatorio”.

Aunque la propia familia de la difunta madre buscadora apoyó la versión de la inocencia de “Don Memo”, como le decían, actualmente está recluido en el Cereso de San Miguel.