Aunque el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que fueron irregulares todos los contratos, “sin excepción”, asignados por su gobierno y el poder Judicial a empresas representadas por Florentino Daniel Tavera Ramos, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la gestión del ahora preso Francisco Romero Serrano, solo revisó un contrato en la cuenta pública 2019 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y no halló nada malo.

El miércoles el mandatario estatal reconoció que hay contratos por hasta 35.7 millones de pesos de su gobierno con cinco compañías representadas por Tavera Ramos, vinculado a proceso por el supuesto ocultamiento de 622.7 millones de pesos mediante 30 empresas en Puebla y Tlaxcala, por lo que pidió a la ASE investigar las compras, mismas que atribuyó a gente que ya no está en su administración.

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"Todas esas operaciones se tienen que investigar, porque para mí, de entrada, todas esas operaciones son facturas falsas para justificar cosas, y yo no voy a pasar por nada de eso, mi gobierno no va a pasar por nada de eso, y quien esté involucrado en eso, se va a ir, por supuesto, y puede ser que se le procese penalmente. No voy a permitir esas cosas... es tan grande la administración pública que todas las secretarías hacen cosas, contratan, a veces regular, a veces irregularmente, por eso estamos limitando", mencionó en rueda de prensa.

No obstante, la realidad es que aún permanecen funcionarios en dependencias con contrataciones y la ASE en el pasado realizó escazas verificaciones a dichas adquisiciones presuntamente irregulares con Tavera Ramos.

ASE revisa contrato con Tavera en 2019

Uno de los principales clientes de las empresas cercanas al detenido fue el Poder Judicial de Puebla, encabezado por el magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez, que hizo tres contratos en 2019 en modalidad abierta por hasta 34.5 millones de pesos, pagados a Grupo Estratégico Risoja SA de CV, empresa que reportó su domicilio fiscal en un puesto de memelas en la colonia capitalina de La Hacienda.

La cuenta pública se revisó cuando al frente de la ASE estaba Francisco Romero Serrano, detenido en febrero pasado como probables implicado en una supuesta red de lavado de dinero en la que también habría participado Tavera Ramos, así como Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director del Diario Cambio, empresa de la que Daniel es socio y Francisco era contador.

Los montos pagados por el Poder Judicial estatal no sólo se caracterizaron por ser los más elevados en la entidad, sino que justo en ellos Tavera Ramos tuvo mayor presencia, tras firmar como representante legal de la compañía en dos de las tres adquisiciones.

A esto se suma la aparente simulación de competencia en las licitaciones, porque en el contrato CJPJEP-46/2019, por 2.2 millones de pesos, uno de sus contrincantes fue Consultores Comerciales y Administrativas La Noria SA de CV, firma que también era representada por el detenido.

El Informe Individual de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)del ejercicio fiscal 2019, reveló que en un inicio la ASE descartó anomalías en el manejo de recursos públicos, pero en una de sus muestras revisó el contrato CJPJEP-46/2019, en el que Grupo Estratégico Risoja SA de CV ganó pese a la posible simulación de competencia, pero luego de hacer dicha observación al poder Judicial, la auditoría declaró solventadas las inconsistencias documentales.

Sin embargo, esta compra que no fue la más cara, pues la ASE omitió en su revisión la contratación CJPJEP-L-ADQ-008-2021, que fue por hasta 29.9 millones de pesos.

En 2019 y 2020, los informes de la ASE confirmaron que esta fue la única revisión en el Poder Judicial realizada a alguna empresa representada por Tavera Ramos.

Las compras del gobierno estatal, hechas por Convenciones y Parques, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECYTE), la Universidad Politécnica de Puebla (UTP), Museos de Puebla, junto con las Secretarías estatales del Trabajo (ST), Turismo (Sectur) y Bienestar, no se consideraron en las muestras analizadas por el órgano de fiscalización.

Este no es el primer caso en el que se relaciona al presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, en compras con proveedores irregulares.

La investigación “Puebla, fábrica de empresas fantasma” de la organización periodística Connectas, detalló que en 2015 el ahora magistrado fue síndico en el ayuntamiento de Puebla, con el entonces presidente municipal, Antonio Gali Fayad, y firmó un contrato por 510 mil pesos con Dz Asesores Empresariales SC, empresa declarada inexistente o fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).