En comisiones del Congreso de Puebla se avaló la reforma judicial del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero se acotó la facultad de remover a servidores públicos para que solo se pueda sancionarlos, y se incorporó la función de nombrar magistrados cuando el poder Legislativo demore en votar las ternas propuestas por el Ejecutivo.

En una sesión las comisiones unidas de Gobernación y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron los cambios, propuestos por el PAN en lo que respecta a las destituciones, con el fin de que magistrados y consejeros de la Judicatura sean responsables ante el Congreso por la denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o por haber incurrido en violaciones a las reglas de conflicto de interés.

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Con estas modificaciones, no procedería la destitución, sino que se iniciaría un procedimiento de responsabilidad que sería sustanciado y resuelto por el Consejo de la Judicatura, debiendo informar al Congreso para que imponga sanciones.

La iniciativa de Barbosa Huerta originalmente proponía destituir a magistrados y consejeros mediante procedimiento, por acción ciudadana e independiente al juicio político previsto en la Constitución Política del estado.

El PAN también propuso eliminar de la iniciativa el comité de implementación del decreto, para que esa facultad recaiga en el Consejo de la Judicatura y se encargue de la coordinación institucional, la operatividad y los procesos.

Paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia

Ante el reclamo de la Red Plural de Mujeres, de que la reforma judicial no garantiza la paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), las comisiones avalaron aplicar este principio constitucional en las salas y el pleno, es decir, que se integren por el mismo número de mujeres y hombres.

Esta propuesta reformatoria fue presentada por el diputado de Morena, Iván Herrera Villagómez, en la sesión de este martes, pese a que el plazo para enviar observaciones culminó el viernes.

Otros cambios permitirían a la nueva Sala Constitucional conocer de las acciones de inconstitucionalidad que promuevan los alcaldes o el 33 por ciento de los integrantes de los Cabildos contra los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, cuando sean contrarias a la Constitución local.

Reducen plazo para nombrar magistrados

Otra propuesta avalada en comisiones reduciría de tres meses a 30 días el plazo máximo para nombrar a magistrados de la Sala Constitucional.

Además, el Consejo de la Judicatura tendría 120 días para instrumentar la aplicación de la declaración de intereses en todos los servidores públicos del Poder Judicial.

Es decir, que ya no se iniciarían procedimientos de remoción contra funcionarios con vínculos que comprometan su libertad y transparencia, sino que se aplicarán las medidas necesarias en los casos que se acredite que están bajo una situación que comprometa o afecte una libre y transparente relación de trabajo.

También se propuso que, en caso de que la propuesta para nombrar magistrados no reúna la mayoría calificada el gobernador enviará un nuevo acuerdo, y de no ser aprobado en 30 días, el mandatario hará directamente el nombramiento, como ocurre a nivel federal con la designación de ministros de la Suprema Corte.

Aunque las comisiones cambiaron el dictamen aún falta que el pleno del Congreso ratifique los ajustes en la sesión del 6 de octubre programada para las 11:00 horas.