Integrantes de la Red Plural de Mujeres señalaron que es necesario que haya paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Puebla, pues de los 25 magistrados, cinco son mujeres, lo que representa solo el 20 por ciento.

En rueda de prensa, María del Socorro Quezada, integrante de la Red Plural De Mujeres, expuso que las y los diputados locales deben garantizar los principios de paridad en la nueva reforma al poder Judicial de Puebla que impulsa el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de que haya igualdad entre hombres y mujeres.

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Indicó que solo Marcela Martínez Morales, María de los Ángeles Camacho Machorro, María Belinda Aguilar Diaz, Margarita Ponce y Araceli Cabido Vaillard – nombrada magistrada el viernes 30 de septiembre- son las únicas juezas que están en TSJ.

La exdiputada local y expresidenta del PRD Puebla, dijo que, ante los nuevos nombramientos en el Poder Judicial, la responsabilidad que tenía el gobierno estatal era mandar dos ternas de mujeres al Congreso local, pues afirmó que se necesitarán al menos 10 años para lograr la paridad.

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“Eso no es paridad, no es paridad, que el gobernador del estado ponga una terna de mujer y hombre, de seguirse mandando ternas, así de hombres y mujeres van a tener que pasar mínimo 10 años, si cada 2 años se nombra una magistrada, para poder llegar a la paridad”, expuso.

Lamentó que las diputadas no hayan alzado la voz para decir que se tenían que nombrar dos magistradas para lograr el camino a la paridad.

Socorro Quezada, consideró que al no tener más magistradas mujeres no hay un avance en las sentencias para los casos de violencia de género o feminicidios.

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"Las leyes son hechas por hombres y, por lo tanto, al llegar al Tribunal Superior De Justicia, hay un pensamiento patriarcal, por eso es muy poco el avance sobre los casos de feminicidio, violencia vicaria, violencia familiar, todo lo que vincula a la mujer", declaró.

Finalmente, exhortó a que el próximo presidente del TSJ sea mujer y que respete la paridad, debido a que estamos en un estado democrático y se debe aplicar la ley.