El ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, señaló en Puebla que toda consulta indígena que se efectúe tiene que ser bajo el principio de “buena fe”, donde se permita el diálogo abierto y no resulte un mecanismo que aumente los conflictos dentro y fuera de las comunidades. 

Al impartir la conferencia magistral “La Suprema Corte y el Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, en el primer Congreso Internacional de los Derechos Humanos en Puebla, sentenció que un derecho de los pueblos indígenas u originarios es ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

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En Puebla están pendientes dos consultas que debe realizar el Congreso del estado, una a comunidades indígenas y otra a personas con discapacidad, debido a que la Corte invalidó diversos artículos de la Ley de Educación y la Ley de Salud Mental, por no consultar de manera previa a dichos sectores.

Él ministros indicó que a través de la consulta se ha permitido reconocer y garantizar a las comunidades la plena inclusión en la defensa de sus derechos.

“Este derecho es el punto de partida para el reconocimiento y protección de otros derechos sustantivos de los pueblos y comunidades indígenas, porque genera diálogo, participación y reconocimiento. En nuestro país, por razones históricas, por su gran diversidad y presencia, así como las lamentables condiciones de desigualdad en las que se encuentran las comunidades originarias, el derecho a la Consulta Indígena es de suma importancia”, enfatizó.

El ministro destacó que la consulta no es un trámite o formalismo que cumplir, sino una oportunidad que tiene el Estado para que en las decisiones que involucren a los pueblos y comunidades indígenas se genere confianza, entendimiento y escenarios que hagan participar y beneficien a sus integrantes.

Pardo Rebolledo reconoció que los colectivos indígenas cada vez de manera se acerquen a estos métodos inicialmente acompañados por asociaciones civiles, donde se empieza a gestar su conocimiento y aplicación directa.

Por eso puntualizó que, para avanzar en la protección de los pueblos y comunidades indígenas, no solo se deben implantar las políticas necesarias, sino que es indispensable que en esas decisiones participen, y sean quienes fortalezcan las normas y los actos susceptibles que afecten su realidad, contexto social, tradiciones, costumbres y cosmovisión.