• Política

Morena impulsará DAP y consulta en nuevo año legislativo

  • Berenice Martínez
El líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, aún desconoce cuánto costará realizar las consultas que ordenó la Suprema Corte de Justicia, así como el lugar y la muestra de personas que serán consultadas
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En el segundo año legislativo de la LXI Legislatura en el Congreso de Puebla, la bancada de Morena impulsará elevar a juntas auxiliares algunas inspectorías, el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en los municipios, y la realización de las consultas a personas indígenas y con discapacidad en diciembre de este año por mandato judicial.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, explicó que las consultas forman parte de la agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones, que inicia el 15 de septiembre, las cuales ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y están detenidas porque aún no se define el método y el lugar donde se llevarán a cabo.

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En entrevista refirió que en diciembre vence el plazo para consultar a comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, luego de que en mayo del año pasado el alto tribunal invalidó nueve artículos de la Ley de Educación, pues la anterior legislatura omitió consultar a estos sectores de la población antes de avalar la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Como tiene que ser consultado todo lo que tenga que ver con temas indígenas y con temas de discapacidades, nos pone en un entredicho muy fuerte. Tenemos que cumplir, en diciembre, tenemos un término para dar cumplimiento”, comentó.

El también coordinador de la bancada de Morena afirmó que a la fecha desconoce el costo que tendrá dicho ejercicio, y reconoció que existen complicaciones para definir cuántas personas con discapacidad serán consultadas.

Para normar criterios, Céspedes Peregrina acudió a la Corte, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que promovió las acciones de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Educación y la Ley de Salud Mental, reformadas por el Congreso e invalidados por el máximo tribunal.

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