La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un probable daño patrimonial por más de 130 millones de pesos en la cuenta pública 2020 de la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, por inconsistencias en contratos, obra pública y reintegro de recursos.

El órgano de fiscalización emitió 32 pliegos de observaciones y una recomendación al gobierno de la alcaldesa emanada de Morena, por gastos no aclarados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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Sin embargo, el documento destaca que la comuna cumplió en su totalidad con el programa de equipamiento urbano e infraestructura de servicios básicos en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, donde el 14 de septiembre cayó un tanque elevado de agua y mató a dos personas.

Más de 130 millones por solventar

El gobierno de Layón Aarun debe solventar 130 millones 549 mil 594 pesos por inconsistencias en los estados financieros, recursos reintegrados a la Federación, ingresos, la compra de materiales y equipos de oficina, de construcción, suministros médicos, vestuario y uniformes.

El arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y capacitación; servicios profesionales y científicos; penas, multas, ayudas sociales, vehículos, expedientes técnicos de obras públicas y contratos.

Del monto total del probable daño patrimonial, destaca que 23 millones 314 mil 228 pesos no fueron aclarados porque la cuenta pública no revela los recursos que la comuna reintegró y la documentación es insuficiente, por lo cual la ASE solicitó al gobierno municipal entregar la información para aclarar o atender la rendición de cuentas.

Además, requirió información del nombramiento y atribuciones del servidor público que realizó funciones y facultades del Órgano Interno de Control, relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de disciplina financiera y normatividad contable, así como documentos para comprobar el cumplimiento de los recursos reintegrados a la Federación.  

El informe individual de fiscalización fue publicado el 30 de mayo, días después de que el Congreso local designó como auditora a la exsecretaria de la Función Pública del gobierno de Puebla, Amanda Gómez Nava, luego de que el 31 de marzo destituyó del cargo a Francisco Romero Serrano, ahora preso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.