Tanto el agua como el aire son dos derechos humanos indispensables para el desarrollo pleno de la vida. El acceso a un medio ambiente sano ha sido restringido por las decisiones públicas y privadas que han llevado al planeta al límite de sus capacidades regenerativas. Sobre las consecuencias de esta crisis reflexionó Enrique Cárdenas Sánchez, académico de la IBERO Puebla. 

México ha suscrito varios acuerdos internacionales para contener los efectos del cambio climático, como los protocolos de Kioto y Montreal, y el Acuerdo de París. Sin embargo, los dos últimos sexenios se han caracterizado por un desinterés en la agenda ambiental. La política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a la suspensión de acciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 

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En contraste, el presupuesto destinado a PEMEX y CFE asciende a 1.258 billones de pesos, el 18% del gasto neto total durante el periodo 2019-2022. “¿Por qué tiene que ser el Estado el que produzca energía si alguien más puede hacerlo sin necesidad de un costo económico presupuestal?”. Enrique Cárdenas catalogó la soberanía energética como una estrategia fallida que ha dejado decenas de áreas de acción en el abandono. 

Al mantenerse en una línea de desarrollo económico incongruente con las necesidades ambientales, nuestro país desacata los compromisos pactados a nivel internacional. El académico destacó el incumplimiento del Acuerdo de París, cuyo objetivo principal es evitar que la temperatura global aumente más de 1.5 °C. “En el resto del mundo se está tratando de desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental”. 

El uso de combustibles fósiles es la principal fuente de contaminación ambiental. Cárdenas Sánchez consideró que el sector económico es la causa de esta problemática, pero puede convertirse para cumplir los acuerdos internacionales y asumir el cuidado de la casa común como derecho humano. 

Un estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla encontró que, si se implementaran impuestos verdes a grandes empresas a partir de 2022, estos rondarían los 200 dólares. Esto la convierte en una estrategia asequible si se emprende de forma inmediata. “Tenemos que actuar ya”. 

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Asimismo, llamó a emprender una recuperación económica pospandemia con perspectiva verde una que reduzca los subsidios a combustibles fósiles e impulse tecnologías verdes. “Un medioambiente sano es un componente importante del bienestar social porque representa un mejor vivir”. 

Derechos en medio ambiente invisibles

La Constitución mexicana reconoce el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. El acceso, no obstante, es cada vez menor. En 2019, México ocupaba el segundo lugar a nivel continental en estrés hídrico (la brecha entre oferta y demanda de agua). Diez millones de mexicanos no tienen acceso al líquido vital, mientras que dos tercios de la población habitan regiones con problemas de agua. 

La calidad tampoco es mejor. Solo el 36% del agua superficial puede ser considerada de buena calidad. Esto se debe a que existe una gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas instaladas que no están en funcionamiento. Compartió Cárdenas Sánchez: “Se necesitarían más de 20 años con una inversión de 49,000 millones de pesos para alcanzar la seguridad hídrica”. 

El INEGI calcula que los costos por el deterioro del suelo ascienden a 163,807 millones de pesos, cuando los gastos para la protección del ambiente apenas rozan los 20.5 millones. 

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El derecho humano a un medioambiente sano es constantemente violentado en la forma de megaproyectos. El Tren Maya, obra insignia del gobierno actual, ha afectado directamente a 1,240 comunidades de Yucatán y Campeche, mismas que suman más de 260,000 hectáreas. 

Por otro lado, el aumento de las superficies para cultivo a través de programas como Sembrando Vida ha provocado una reducción en los espacios de bosques. “A veces simplemente talan para plantar lo que pide el gobierno, pero no se cuidan los árboles”, reprochó el economista. 

En cuanto a la vulneración del derecho al aire limpio, México figura entre los 15 países que más emiten dióxido de carbono, lo que cobra la vida de 40,000 personas cada año, casi la misma cantidad que el conjunto de homicidios anuales. Además, nuestro país tiene 9 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo, principalmente debido a la explotación de combustibles fósiles.