El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (Conapa) y la Red de Periodistas Puebla acusaron que la clausura de las instalaciones de la estación de radio "La Poblanita de la Sierra" por parte del ayuntamiento de Tlatlauquitepec, fue una violación a la libertad de expresión, por lo que pidieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla) intervenir en el caso.

Este 7 de septiembre, la estación de radio ubicada en la Sierra Norte de Puebla compartió un comunicado donde se informó que sus oficinas fueron cerradas debido a una orden girada por la regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; por supuestamente no contar con los permisos necesarios ante la autoridad local.

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Sin embargo, los integrantes de la radio revelaron que el gobierno municipal de Tlatlauquitepec, encabezado por Porfirio Loeza Aguilar, realizaron esta acción como un intento de censurar la información, debido a algunas denuncias ciudadanas y notas que transmitieron.

Por lo que colectivos que buscan la protección y seguridad de los comunicadores se pronunciaron al respecto: “hacemos un llamado a Porfirio Loeza a que cese el hostigamiento en contra de La Poblanita de la Sierra, asimismo que la CDH Puebla brinde capacitación al presidente municipal en materia de libertad de expresión y derechos humanos”, instó la Red de Periodistas Puebla en Twitter.

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Mientras que el Conapa exigió que se deje de condenar a los medios que realizan críticas al gobierno: “solicitamos lo antes posible, la intervención de esta dependencia (CDH) para salvaguardar la libertad de expresión en nuestro estado y la integridad de los trabajadores de los medios de comunicación antes mencionados”, indicó el colectivo a través del Facebook de Tad Acua Sánchez.

Cabe mencionar que, las autoridades de Tlatlauquitepec argumentaron que desde el pasado 2 de septiembre se había solicitado a los encargados del establecimiento que acudieran al ayuntamiento para regularizar su situación, sin embargo, al supuestamente no hacerlo, procedieron a cancelar el negocio que comercializa publicidad.

Asimismo, mencionaron que el negocio operaba sin ningún tipo de permiso ante el ayuntamiento, por lo que notificaron la operación de esta estación clandestina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que procediera de acuerdo a la ley federal.