Representantes del Consejo Masewal, exigieron al Juzgado Quinto de Distrito en Puebla, la cancelación de las concesiones mineras en Puebla, específicamente de los municipios de Cuetzalán, Yoanáhuac y Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte, luego de ganar tres amparos.

Este jueves en rueda de prensa, Leticia Vázquez, integrante del pueblo Masewal explicó que el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se pronunció en sentencia definitiva el 3 de marzo del 2022, sobre el fondo de la controversia en torno a la validez de los títulos de concesiones mineras, resolviendo que se había violado el derecho al consentimiento libre.

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Indicó que dentro del escrito se determinó que: “el otorgamiento de título de concesión mineras dentro del territorio de pueblos indígenas (…) sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.

Señaló que ha sido un “proceso muy largo y cansado”, pues han sido siete años desde que ingresaron la demanda de amparo para que se deje de concesionar sus tierras, por lo cual pidió que la sentencia sea respetada.

Leticia Vázquez, apuntó que como pueblo tienen derecho a determinar en qué quieren utilizar su territorio y el suelo, por ello, es que están en contra de que sea concesionado su territorio para la realización de algún tipo de extracción, pues esto está llevado a muchos pueblos a desplazarse de forma forzada.

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Indicó que en la 33ava asamblea celebrada el 22 de junio del 2022, el pueblo Nasewal decidió no dar su consentimiento para la realización de actividades mineras dentro de sus territorios debido a que la tierra es sagrada.

"Nosotros rechazamos contundente la consulta popular para la instalación de las mineras, porque esa una forma tramposa y es llegar y crear división en los pueblos, es una forma que maneja el estado para evitar de que los pueblos se organicen para rechazar en este caso una acción que les va a perjudicar. Nosotros necesitamos agua, leña, otras cosa, pero no minería, no necesitamos que nos estén preguntando si queremos o no registrar una mina que nada va a favorecer a los pueblos", expresó.

Finalmente dijo que se debe modificar la Ley Minera para que este deje de ser un instrumento generador de violencia estructural donde los pueblos y la naturaleza cargan con todos los prejuicios, pues debe de convertirse en un instrumento que respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.