El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Raymundo Atanacio Luna, impulsa una iniciativa para garantizar que todo aquel que pretenda ingresar al servicio público o cargo de elección popular expida su certificado de no estar inscrito dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, emitido por el Registro Civil o por el Poder Judicial.

El legislador por el estado de Puebla señaló que en caso de que el servidor público se encuentre dentro de dicho registro, "estaría sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones, hasta ponerse al corriente con sus obligaciones alimentarias".

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Atanacio Luna indicó que con la iniciativa también se propone que 30 días antes de llevarse a cabo la jornada Electoral, los candidatos a ocupar los cargos de elección popular deberán contar con su certificado de no estar inscritos dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, emitido por el Registro Civil o por el Poder Judicial, según cada entidad federativa, como requisito indispensable de elegibilidad, mismo que deberán presentar ante el Instituto Electoral de cada Entidad Federativa.

67.5% de los hijos no reciben pensión alimenticia

El diputado federal del PT por Tepeaca refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 67.5 por ciento de los hijos no reciben pensión alimenticia por parte de su padre tras el divorcio o la separación, quedando en la indefensión para cubrir las necesidades más básicas.

Ante estos hechos, dijo, las mujeres se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, en virtud de la preocupación por los hijos y la situación económica posterior, "es por ello que la pensión alimentaria es fundamental para cubrir no sólo sus necesidades nutricionales sino también de vestido, vivienda, atención médica y educación".

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Enfatizó que el no cumplir con la manutención de los hijos o hijas, demostraría la hipocresía e irresponsabilidad que tiene un servidor público no sólo con ellos, sino también con la ciudadanía, al no actuar con integridad.

La iniciativa propone adicionar el párrafo tercero al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adicionar el inciso h) al artículo 10 y el párrafo 4 del artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, adicionar la fracción VI al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y adicionar la Fracción VII al Artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia.