Diputados locales del PAN y PRI avalaron la investigación del gobierno del estado contra el exsecretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, por presuntamente usar el cargo para defender a trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Trabajo y Competitividad en el Congreso de Puebla, Rafael Micalco Méndez, señaló que las autoridades tendrán que determinar la responsabilidad del exfuncionario, luego de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo acusó públicamente.

“Ya está en manos de otras instancias, serán ellas las que determinen, pero sí he escuchado de extrabajadores del gobierno del estado y de la secretaría este tipo de acciones. Sí hay indicios, pero no hay una certeza de la autoridad competente”, declaró.

Desde mayo el panista exigió una investigación contra Abelardo Cuellar, pues afirmó que recibió quejas de varios funcionarios que lo señalaron de contratar a sus propios despachos para resolver los juicios laborales de ex trabajadores del gobierno.

Desde el 13 de enero Abelardo Cuellar fue inhabilitado por Amanda Gómez Nava, la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presuntamente ser parte en varios juicios laborales contra el gobierno de Barbosa Huerta.

PRI confía en indagatoria

En tanto, el diputado local del PRI Néstor Camarillo Medina, respaldó la investigación y dio “su voto de confianza” al gobierno estatal, aunque consideró que la investigación debe de ser apegada a derecho para aclarar las inconsistencias denunciadas.

“Si es que realmente hay una investigación, que sea apegada a derecho y la FGE, la Secretaría de la Función Pública tienen nuestro voto de confianza y que se solucione pronto, para que volvamos a los temas importantes. Propondremos a la comisión solicitar el estatus de ese problema”, explicó.

Sin embargo, el jueves Cuellar Delgado denunció en entrevista que es un “chivo expiatorio” del gobernador, pues afirmó que no es su culpa, sino de la Consejería Jurídica, que el gobierno haya perdido laudos por 477 millones de pesos.

Acusó además que la persecución y la campaña mediática en su contra son parte de una estrategia para frenar sus aspiraciones políticas, pues abrió la posibilidad de competir por la dirigencia estatal de Morena en el proceso interno que inició esta semana.