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Cuéllar destapa cloaca de laudos y despidos masivos de Barbosa

  • Elizabeth Román
Jueves, Junio 16, 2022 - 18:39
Abelardo Cuéllar reveló que el gobierno de Miguel Barbosa ha pagado 477 millones en litigios laborales perdidos, pero advirtió que la cifra alcanzará los 700 millones porque hay juicios en etapa de ejecución y porque la actual administración ya enfrenta 500 demandas por despidos injustificados
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El exsecretario del Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar Delgado, acusó ser un chivo expiatorio del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al afirmar que no es su culpa, sino de la Consejería Jurídica, el haber perdido laudos por 477 millones de pesos, y anticipó que la suma podría llegar a 700 millones, porque hay juicios en etapa de ejecución y porque la actual administración ha incurrido en más de 500 despidos injustificados, que aún no pueden cuantificarse.

En el programa Ante la Corte, de e-consulta, atribuyó las recientes acusaciones del mandatario y la campaña mediática en su contra, a un intento por frenar su futuro político, ya que abrió la posibilidad de buscar la dirigencia estatal de Morena.

El exfuncionario reveló que desde el año pasado fue objeto de venganzas y “grillas” por parte personajes cercanos al gobernador, como el exdirigente estatal del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) y otros organismos donde tuvo influencia hasta que igual salió del gobierno hace unas semanas.

Los millones perdidos

Cuéllar Delgado estimó que la actual administración podría pagar más de 700 millones de pesos por juicios perdidos con trabajadores despedidos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y aclaró que los litigios que el gobierno ha perdido no son atribuibles a la Secretaría de Trabajo, sino al mal desempeño de la Consejería Jurídica, que ahora encabeza Carlos Palafox Galeana y previamente Ricardo Velázquez Cruz.

“El gobernador de Puebla está molesto por lo que representan los conflictos con el gobierno y el tamaño de los conflictos con organismos públicos descentralizados que en este año van a empezar a reventar, ya que en la Junta Local (de Arbitraje) este año van a tener resoluciones que deben ser ejecutadas, no por órdenes, ni de la Secretaría del Trabajo ni de las Secretarías de Estado, sino por órdenes de la justicia federal que mandatan a que se cumplan con los laudos”, sentenció.

Detalló que el presupuesto de egresos del estado contempla recursos para el pago de laudos, pues en 2019 se destinaron 102 millones 93 mil pesos; en 2020 fueron 102 millones 94 mil; el año siguiente 103 millones 910 mil pesos, y en 2022 se prevé pagar 169 millones 400 mil pesos, por lo que en total serán 477 millones 497 mil pesos pagados, no 230 millones como dijo Barbosa Huerta el 18 de mayo.

El abogado, que antes de entrar al gobierno defendió a ex trabajadores despedidos, enfatizó que no es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo autorizar que se paguen laudos, que se emitan sentencias, ni representar a trabajadores que tienen el conflicto.

Como el gobernador lo acusó de coludirse con personal de la Junta Local, su hijo y abogados de ex trabajadores para ayudarlos a ganar sus juicios, aclaró que desde el año 2016 dejó de litigar y se dedicó a la asesoría directa de los trabajadores y los sindicatos.

Recordó que su despacho se encuentra en la 9 norte 1404 y el de su hijo Abelardo Cuéllar González en Río papagayo 5518, pero rechazó que se involucre uno en los asuntos del otro o que haya utilizado su cargo para intervenir en litigios.

Despidos masivos con Barbosa

Abelardo Cuéllar reveló además que persisten los despidos masivos en el gobierno, pues suman más de 500 en la gestión de Barbosa Huerta, quien al parecer pretende replicar la práctica de heredarlos a futuras administraciones que, igual van a tener que pagar cuando los pierdan.

“Hay nuevas demandas tan solo en este año aparecen que se presentan por lo menos 240, en conjunto con el año pasado hay más de 500, porque en lugar de enfrentar a los trabajadores, darles un trato humano, o llegar a un acuerdo, ellos tienen que seguir buscando a los abogados. La Consejería Jurídica debería revisar si en las separaciones laborales está aplicada la ley o no”, recriminó.

Sentenció que esto representa una promesa incumplida del gobernador, que en campaña ofreció no solo reinstalar a ex trabajadores despedidos y pagarles sus salarios caídos, sino que se comprometió a no despedir a nadie.

Barbosa quiere chivo expiatorio

El expirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, consideró que es el “chivo expiatorio” que Barbosa Huerta buscaba para reclamar los laudos perdidos, a pesar de que muchos tienen años de haberse resuelto, pero gobiernos pasados se negaron a pagar.

De esto responsabilizó al presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado y los presidentes de la Junta de Conciliación en los sexenios de Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad.

“Lo más fácil era conseguir un chivo expiatorio y ese era Abelardo Cuéllar”, reprochó.

Filtración y campaña negra desde SFP

Cuéllar Delgado denunció que desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabezó Amanda Gómez Nava, se filtró información a medios de comunicación que ahora ejercen una campaña negra, por una investigación en su contra que concluyó en su inhabilitación por un año para ejercer un cargo público.

Como ya impugnó esa resolución, auguró que llegará hasta tribunales federales para demostrar su inocencia, pero recriminó que en la SFP solo saque a la luz las acusaciones y no los argumentos que él ha dado en su defensa.

Aun así, confió en que habrá justicia y, si bien en su desplegado del fin de semana alertó un intento por encarcelarlo, aseguró que se encuentra y continuará en Puebla.

Acusa presión por freno político

Aunque Abelardo Cuéllar formó parte de la administración de Miguel Barbosa y es un militante activo de Morena, dejó en claro que no estuvo de acuerdo con varias de las decisiones de gobierno, además de que nunca formó parte del círculo cercano del gobernador y lo trató poco en persona, lo cual, sumado a que en 2018 lo rechazó como candidato de Morena a la gubernatura, pudo ahora costarle el riesgo de ir a la cárcel.

“Eso pudo ser un elemento que hoy me tenga en el ojo del huracán”, reconoció, aunque también agregó que su activismo político pudo causar escozor a personajes que metieron “grilla” con el mandatario.

Habló de que, tras su salida, dentro de Morena desarrollaron un proyecto que se llama comunidad 24, con la finalidad de acompañar a sus compañeros en los distritos y en los municipios, cuidando que el proceso se lleve de manera interna sin esperar el palomazo de los candidatos por parte de alguien del gobierno, sino que se respete la vida democrática del partido.  

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