Las dependencias y entidades del gobierno de Puebla ahora deberán informar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuando realicen contratos por adjudicación directa, modalidad a la que el gobierno suele recurrir en detrimento de la economía del estado, según ha alertado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La nueva instrucción fue difundida en el Periódico Oficial del Estado, a través de un acuerdo firmado por Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien hace unas semanas fue designado titular de la SFP, en sustitución de Amanda Gómez Nava.

Las nuevas obligaciones

Como parte de la política de adjudicaciones directas, la SFP señaló que las dependencias y entidades paraestatales deberán privilegiar los procedimientos de licitación pública y solo de manera excepcional podrán llevar a cabo adjudicaciones directas.

Además de las normas que de por sí deben cumplir, tendrán que contar con el dictamen de excepción a la licitación pública y al menos dos cotizaciones que permitan conocer los precios de mercado, para asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Deberán dar su oficio de autorización de inversión y de gasto corriente, además de un documento que acredite la invitación al procedimiento de excepción a la licitación pública, preferentemente a personas integrantes del Padrón de Proveedores del gobierno del estado.

También deberán contar con una constancia expedida por la Secretaría de la Función Pública, de inscripción al Padrón de Proveedores, así como constancia de no inhabilitación de personas físicas o jurídicas para participar en procedimientos de adjudicación, y el proyecto de contrato que pretenda celebrarse.

Las dependencias y entidades paraestatales también deberán informar a la SFP la realización del procedimiento de adjudicación directa con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles, previos a la fecha prevista para la formalización del contrato respectivo.