Para prevenir ataques con sustancias nocivas o químicos a mujeres en Puebla, el diputado local Néstor Camarillo Medina (del PRI) presentó en el Congreso del estado una reforma para castigar este delito con hasta 21 años y medio de prisión y multas de hasta 112 mil 256 pesos.

Su iniciativa busca homologar la legislación local con la federal en materia de delitos contra mujeres, que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 27 de abril.

Su proyecto expone que el ataque con sustancias nocivas va en aumento en México, pues en los últimos años se han registrado 32 víctimas mujeres, de las cuales siete corresponden a Puebla.

El caso más reciente en la entidad ocurrió el 25 de mayo, cuando una profesora fue atacada con ácido cuando salía de la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la zona de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula.

“Es necesario legislar en la materia para erradicar esta violencia que busca lesionar utilizando sustancias o ácidos que perjudican de por vida a las mujeres, ya a nivel nacional se han presentado varias propuestas que han recibido buena aceptación por parte de los representantes de diferentes partidos políticos”, señala el proyecto del priista.

La iniciativa propone adicionar el artículo 309 BIS al Código Penal estado de Puebla para imponer:

“De 7 a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 UMA a quien por sí o por interpósita persona cause a otra lesiones usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica, o inflamable, alcanos o sustancias similares incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer daño o enfermedad incurable, la inutilización completa o la perdida de una extremidad u órgano cuando le sea perjudicada cualquier función orgánica creando una discapacidad o deformidad incorregible en la piel”, dice la reforma planteada.

Estas sanciones aumentarían hasta en dos terceras partes si el agresor y la víctima tienen una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.

Es así que la pena máxima llegaría hasta los 21 años y medio de cárcel y la multa más alta sería de 112 mil 256 pesos.

Además, la reforma señala que el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público todos los casos de lesiones por agentes químicos que reciban para atención médica, además de que el Ministerio Público tendrá que garantizar la reparación del daño a las víctimas.

“El Ministerio Público tiene la obligación de garantizar la reparación del daño, integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional, a la gravedad del daño”, dice el proyecto que fue enviado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

Proponen órgano de control en CDH

Por otra parte, la diputada local Olga Romero Garcí Crespo (de Morena) propuso crear en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado un Órgano Interno de Control que se encargue de auditorías, evaluaciones, inspecciones, revisiones y supervisiones del personal.

La persona titular del órgano sería nombrada por el Congreso de Puebla y la CDH tendría que modificar su reglamento interno para armonizar sus facultades al nuevo régimen de control interno.

“La Comisión estará integrada por un Presidente, un Secretario Técnico Ejecutivo, un órgano interno de control, hasta cinco Visitadores Generales, Visitadores Adjuntos y el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones”, propone su iniciativa enviada también a comisiones para su análisis.