El Congreso del estado de Puebla fue exhibido de manera indebida como una entidad que no legisla en materia de desaparición forzada.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Minerva Carrasco Godínez erró al exhibir a Puebla como un estado que no muestra interés en esa legislación.

La diputada federal de Morena presentó un Punto de Acuerdo en el que exhortó a los Congresos Locales de Campeche, Colima, Durango, Michoacán de Ocampo, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, a expedir Leyes de desapariciones forzadas en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

No obstante, el 24 de agosto del año pasado el parlamento estatal aprobó por unanimidad de votos el dictamen para expedir la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, por lo que se armoniza con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En su exposición de motivos, Carrasco Godínez puntualizó que resulta preocupante que estas entidades federativas no cuenten con una ley en la materia, dado que Colima ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de desapariciones forzadas por cada 100 mil habitantes, Michoacán, es la tercera entidad a nivel nacional en incidencia por desaparición forzada, y Puebla ha tenido un incremento del 30% en desapariciones forzadas con respecto al 2021.

Agregó que Quintana Roo es el segundo estado en desaparición de menores de edad, Sinaloa es la quinta entidad a nivel nacional con el mayor número de fosas clandestinas, Yucatán es el segundo estado en todo el país con las mayores tasas de mujeres desaparecidas y el primer lugar lo ocupa Tamaulipas.

De igual manera, apuntó que Tlaxcala es desafortunadamente el referente a nivel internacional en trata de personas que, surge a partir del aumento de desapariciones forzadas cometidas entre particulares, y a pesar de que Campeche y Durango mantienen bajas las tasas de personas desapariciones, no las exime de esta obligación en materia de seguridad.

Carrasco Godínez exigió que las entidades federativas deben contar con un marco legal en materia de desapariciones forzadas, “ya que eso permitiría prevenir, atender y erradicar la crisis en la materia, además de que cumplirían con lo expuesto en la Ley a nivel federal y se haría justicia a las víctimas y a las familias de las víctimas.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, refirió que a pesar de los esfuerzos legislativos, es de reconocer que nuestro país se encuentra viviendo una crisis humanitaria, pues de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que lleva a cabo la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), del año 1964 hasta la fecha han desaparecido 245 mil 750 personas, de las cuales 145 mil 715 personas han sido localizadas, mismas que a su vez, 135 mil 783 han sido localizadas con vida y 9 mil 932 personas fueron localizadas sin vida. Actualmente permanecen 100 mil 195 personas en el estatus de desaparecidas y no localizadas.

Aunado a lo anterior, señaló, México también enfrenta una crisis forense, pues hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en los distintos Servicios Médico Forenses (SEMEFOS) en todo el país, esto sin contar los restos óseos que las Comisiones de Búsqueda Estatales recuperan de las fosas clandestinas. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ha informado que alrededor del 80% de los cuerpos sin identificar, se concentra en 10 entidades federativas: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora.

Pese a que en 2017 se creó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor en 2018, varios estados no han legislado en la materia.