El presidente de la Comisión de Procuración y Justicia, Eduardo Castillo López, anunció que se modificará la iniciativa para castigar las llamadas terapias de conversión en Puebla, que se practican para intentar “cambiar” la orientación sexual de las personas.

En entrevista el diputado de Morena reconoció que se analizará nuevamente la propuesta del diputado Carlos Evangelista Aniceto tras los cuestionamientos de organizaciones religiosas y legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

“Vamos a modificarlo, a revisarlo donde haya que revisarlo más a fondo; ya se presentará la modificación en el pleno. Los diputados del PAN están opinando sobre lo mismo, cosa que respetamos”, declaró.

El fin de semana padres de familia, asociaciones civiles y el Consejo Poblano de ministros, señalaron lagunas legales en la iniciativa.

La Asociación de Padres de Familia explicó que la iniciativa aprobada en comisiones la semana pasada, no especifica cuáles son las terapias o tratamientos que se castigarán con cárcel.

La reforma es para modificar el artículo 228 quater del Código Penal del estado y aplicar un castigo de 1 a 3 años de prisión y multas a quienes promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento para intentar cambiar la orientación sexual de alguna persona.

Los inconformes denunciaron que con la modificación los padres de familia estarían impedidos a dar consejos o limitar su enseñanza a sus hijos pues, cualquier comentario mal interpretado podría llevarlos a cumplir una condena.

Clero acusa censura

Esta mañana, el Consejo de Ministros criticó que, como parte de una orden religiosa, los párrocos y pastores en las iglesias se verían impedidos de impartir su religión, pues la ley específica que todas las personas son libres de profesar sus creencias.

Para los pastores, la iniciativa pretende coartar la libertad de expresión de su ideología, por lo que exigieron que se especifique cómo y qué tratamientos de conversión pueden considerarse un delito.

Ante ello, Castillo López anticipó que sí habrá una modificación, pero deberán revisarla para ser específicos.

“No hay omisiones, entre más fortalecida vaya una iniciativa de reforma es mejor, pero no les podría decir; desconozco mucho y hay que revisarla”, apuntó.

Por su parte, palomearon la iniciativa la diputada Isabel Merlo Talavera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Carlos Navarro Corro, de Pacto Social de Integración (PSI), pues se pronunciaron en contra de los actos que violan los derechos humanos.

“Estamos tocando temas que teníamos atrasados, estamos en un análisis profundo y el tema central en esta situación es que exista el respeto a los derechos humanos”, declaró Navarro Corro.

Aunque los grupos parlamentarios deberán tener una reunión para definir el sentido del voto, Isabel Merlo aseguró que la iniciativa está bien fundamentada para garantizar la libertad y el respeto de los derechos humanos.

“Hoy en día, no se legisla si no se garantizan los derechos humanos, entonces en ese sentido creo que está sustentada plenamente la reforma”, expuso.

PAN rechaza iniciativa, exige cambios

Por su parte, el coordinador del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, señaló que la iniciativa no está fundamentada debido a que se propone regular una conducta que ya existe, sin tomar en cuenta las especificaciones de estos programas.

“Vayamos a la justa dimensión, atendamos el hecho y veamos si lo que se está proponiendo jurídicamente está bien o mal, luego si se vulneran o no los derechos humanos, es lo que habría que ver, lo que habría que sopesar, pero en su momento daremos nuestra posición en el pleno”, expuso.

Por ello, dijo que analizarán en conjunto el sentido del voto, aunque se prevé que el dictamen no será enlistado en la sesión del próximo jueves.