A un año y medio de terminar su gestión al frente de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, de Morena, asegura que existe un buen escenario jurídico para buscar la remunicipalización del servicio de distribución, saneamiento y drenaje del agua en la capital poblana, y congresistas de PRI y PAN ven escenarios complejos de negociación.

Desde el 11 de mayo pasado, el mandatario anunció que su gobierno está listo para terminar el contrato con la empresa Agua de Puebla Para Todos y que el suministro hídrico de la capital poblana se lleve a cargo a través del ayuntamiento de Puebla que ahora lidera el panista Eduardo Rivera Pérez.

Aunque los actores políticos de Morena dan por hecho la desprivatización, las dudas sobre el manejo del agua invaden la administración de Rivera Pérez y la opinión de algunos congresistas de oposición.

Barbosa Huerta ha explicado en sus ruedas de prensa que esta remunicipalización será un proceso de diálogo entre la administración estatal y la municipal con el fin de acabar el contrato que el ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas entregó a la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V. desde 2013.

PRI y PAN piden diálogo para avalar la iniciativa 

Aunque la decisión jurídica para acabar o no con la concesión deberá resolverse entre el gobierno del estado y el del municipio, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, aseguró que cuando fue secretario de Finanzas revisó el contrato y confirmó que será un proceso complejo su cancelación.

“Ese es un tema que revisé cuando fui secretario de Finanzas. Es muy complejo revertirlo, cuesta mucho dinero y son litigios de hace muchos años. Se requiere más inversión y controlar esta empresa; quitarla implica consecuencias a mediano y largo plazo”, declaró.

Durante la gestión interina del ex gobernador Guillermo Pacheco Pulido, Estefan revisó el contrato y asegura que Agua de Puebla para Todos ha incumplido con las cláusulas establecidas para mantener el suministro, pero dejar la concesión es un problema ya que también debe pensarse las consecuencias a la que se enfrentarían los usuarios.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional; Eduardo Alcántara Montiel, pidió al gobierno de Puebla analizar la situación financiera del municipio para vislumbrar un posible escenario de financiamiento sobre el suministro del servicio.

“Habría que hacer un análisis financiero, si la recaudación del agua es suficiente para poder sustentar la prestación del servicio, porque si no es suficiente, más allá de que el municipio pueda o no pueda, es cuestión de dinero”, explicó.

Las arcas municipales podrían verse afectadas si la aportación de los usuarios no permite mantener el servicio. Esto implicaría que Rivera Pérez inyecte recursos para subsidiar el sistema, pese a que la ciudadanía no sea responsable para pagar el servicio, agregó.

Aunque evitó emitir un posicionamiento en contra, el panista Alcántara aseguró que hay riesgos para la capital pues desde la creación del SOAPAP, Puebla no cuenta con un plan específico para encargarse del suministro hidráulico.

Desde el Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera y sus regidores respondieron al gobierno que no hay suficiencia presupuestal para mantener el servicio. El regidor del PAN, Manuel Herrera Rojas expuso que desprivatizar el agua le costaría muy caro al ayuntamiento por eso es necesario un trabajo coordinado con el gobierno estatal, pero lo más conveniente sería negociar y llegar a un acuerdo con la empresa para que brinde un buen servicio.

Morenistas a favor de regresar el suministro a la ciudad

Por su parte, los legisladores de Morena, la dirigencia estatal e incluso la ex alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, se han pronunciado a favor de la desprivatización del servicio de agua argumentando que hay una buena situación financiera en el gobierno de la capital.

Por su parte, Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla, festejó y respaldó la iniciativa del mandatario local y dijo que para llegar a una resolución, el legislativo tiene que conocer la propuesta y ejercer sus funciones específicas para este proceso de desprivatización.

“Que sea bienvenido ese punto del gobernador. Hay una responsabilidad por parte de los ayuntamientos que se vinculan con los organismos públicos descentralizados del servicio de agua potable”, expuso el morenista.

Consideró que entre lo más polémico de esta revisión será la calidad del servicio de agua, el abastecimiento y la aplicación de una tarifa justa por el suministro del recurso hídrico.