La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó hasta 2025 los datos sobre la compra de vacunas contra el covid-19, señalando que en un contexto de pandemia dicha información debe considerarse como de seguridad nacional para no afectar contratos a futuro.

Por mayoría de ocho votos, el pleno ordenó revertir las resoluciones que había tomado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mantener en reserva los contratos y órdenes de pago de las vacunas por un plazo de cinco años.

La información que la SCJN reservó está relacionada con dos resoluciones del INAI contra la Secretaría de Salud (SSA) sobre los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, Serum y Sinovac.

En la primera resolución el Pleno del INAI determinó por unanimidad revocar la reserva de la información pedida por la SSA y le instruyó entregar versiones públicas de los contratos para la adquisición de vacunas contra covid-19.

En la segunda resolución el INAI resolvió modificar la respuesta de la SSA y le instruyó confirmar, a través de su Comité de Transparencia, la clasificación de los comprobantes de pagos para la adquisición de vacunas contra covid-19 como información reservada y confidencial.

El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, argumentó que se reservaba la información por motivos de seguridad nacional, pues divulgarla podría poner en riesgo el contrato y abasto de vacunas para nuestro país en el futuro cercano.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apoyó la resolución, advirtiendo que publicar la información puede afectar el acuerdo de confidencialidad con los laboratorios fabricantes de las vacunas y poner en riesgo el suministro.

Por otra parte, el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que no es un asunto de seguridad nacional, sin embargo, dijo que dar a conocer los datos podría afectar las negociaciones internacionales, postura apoyada por el ministro presidente Arturo Zaldívar.