Tras un amparo fue liberado Ricardo Montiel Rodríguez, uno de los técnicos bajo proceso penal tras la muerte de los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, pues un Tribunal Colegiado ordenó cumplir un amparo que el acusado ganó desde 2021.

El 24 de noviembre del año pasado el juez Quinto de lo Penal concedió la protección y amparo y ordenó al juez de la región judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, excluir el delito de falsedad de declaraciones y dictar auto de no vinculación a proceso. También se instruyó dejar insubsistente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada el 29 de diciembre de 2020.

 Tras un amparo fue liberado uno de los mecánicos de la nave en que murieron los Moreno Valle, pero las investigaciones en su contra continuarán.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) May 14, 2022

En entrevista Oscar Terrones, quien en conjunto con Gilberto Montalvo trabajaron como defensa del acusado, señaló que, aunque esto tenía que haberse cumplido en diciembre de 2021, no se ejecutó por el juez de control debido al recurso de revisión que la Fiscalía General del Estado (FGE) interpuso para evitar que el técnico quedara en libertad.

El asunto llegó ante un Tribunal Colegiado, el cual el pasado 10 de mayo concedió la razón a la defensa de Ricardo Montiel, así que ese mismo día se realizó una audiencia en la que el juez de Control que conoció del caso dio cumplimiento a lo ordenado y puso en inmediata libertad a Ricardo, quien cerca de las 19:30 horas abandonó el penal de Huejotzingo, donde seguía recluido.

No obstante, continúa pendiente revertir el auto de vinculación a proceso, así que Ricardo continuará bajo proceso, pero en libertad, pero incluso parte de este asunto ya se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El helicopterazo y las investigaciones 

El 24 de diciembre de 2018, diez minutos después de haber despegado de la casa del empresario y exdiputado local José Chedraui Budib, el helicóptero en el que viajaban los exgobernadores se desplomó en terrenos de cultivo, en los límites de Juan C. Bonilla y Tlaltenango. El accidente fue confirmado a través de Twitter por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque políticos panistas consideraron el hecho como un atentado político, los peritajes indicaron que el helicóptero tuvo un giro repentino debido a un desperfecto en el sistema que mantiene el equilibrio de la aeronave, provocado por dos tornillos flojos.

Las autoridades federales señalaron que desde el 18 de septiembre de 2017 el helicóptero presentaba fallas mecánicas que no fueron atendidas, por lo que la falta de mantenimiento se sumó a las causas del accidente.

En diciembre de 2020 la Fiscalía de Puebla comenzó a ejercer acción penal contra nueve personas, de las cuales un juez de Control concedió a tres procesos en libertad.

Familiares de Ricardo señalaron múltiples irregularidades en el caso y aseguraron que los mecánicos son los menos responsables, ya que ellos sí reportaron que era necesario dar mantenimiento al helicóptero usado por el entonces senador Rafael Moreno Valle, pero los dueños de la empresa Altiplano se negaron a realizarlo.

Del mismo modo, recordaron que la pieza que era necesario reemplazar y traer desde Estados Unidos, no era indispensable para que el helicóptero siguiera volando, por lo que consideraron que el peritaje que apunta a una falla mecánica como causa del desplome estuvo mal realizado y no analizaron otros factores, como algún error humano.

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