El Ayuntamiento de Puebla destinó 2 millones 394 mil 240 pesos para promover una controversia constitucional relacionada con el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como para dar respuesta a otros conflictos legales.

El 20 de enero de este año, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, declaró que analizaba emprender una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para poder cobrar por el alumbrado público.

Lo anterior luego de que el 24 de diciembre del año pasado el Congreso del Estado aprobara el cobro de alumbrado público en 144 municipios, pero lo rechazara para Puebla capital, San Pedro y San Andrés Cholula, gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN).

El Ayuntamiento de Puebla fue el primer municipio de la entidad que se pronunció por obtener este beneficio. Posteriormente, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, realizó una reunión con los 217 presidentes municipales para darles asesoría sobre la propuesta.

En un contrato publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se detalla que el gobierno de Rivera Pérez contrató a Aguilar Sierra y Asociados S.C. tras una adjudicación directa. Lucía Olvera Espínola firmó el contrato como apoderada legal.

En el documento oficial se menciona que la empresa se compromete a dar “asesoría, consultoría, análisis, seguimiento, trámite y defensa legal especializada para la toma de decisiones en los asuntos que le sean asignados por parte de la sindicatura municipal” (…) así como para atender la “controversia constitucional respecto del Derecho de Alumbrado Público”.

La vigencia del contrato es del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Entre los funcionarios que firmaron el contrato se encuentran Bernardo Arrubarrena García, secretario de Administración y Tecnologías de la Información; María Guadalupe Arrubarrena García, síndica municipal; Jorge Jesús Lerín Sánchez, director de asuntos jurídicos y Ulises Jorge Orozco Rosas, director general jurídico y de lo contencioso.

Aguilar Sierra y Asociados se define en su página de internet como un despacho comprometido con dar resultados en diferentes disciplinas jurídicas. Tiene un alto rendimiento en litigios y cuenta con alta experiencia en amparos y procesos constitucionales llevados ante la SCJN.