La diputada federal por Puebla del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Teresa Aranda, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para castigar a las y los servidores públicos que utilicen sus cargos o influencia en la administración pública para promover juicios o proceso penales contra sus adversarios políticos. 

En conferencia de prensa este lunes explicó que la iniciativa pretende modificar el artículo 222 del Código Penal Federal, y adicionar dos fracciones al artículo 225, dentro de los delitos cometidos por servidores públicos en contra de la administración de justicia.

En ellos se describen las conductas en las que pueden incurrir las y los funcionarios de forma discrecional para abusar de sus facultades y ordenar la apertura de una carpeta de investigación sin denuncia o pruebas necesarias para señalar penalmente a alguna persona. 

En el artículo 225 se contempla la fracción 38, que describe la conducta de ordenar o disponer la apertura de una carpeta de investigación sin que proceda denuncia, acusación, querella o señalar supuestos ilícitos, sin la existencia de un debido proceso, abusando del poder; y la fracción 39, que establece que acusar, señalar, nombrar o expresarse de manera que vulnere la presunción de inocencia de una persona sin que esta hubiese sido condenada por virtud de sentencia firme. En ambos casos, se propone una pena de prisión de tres a ocho años y de 30 a mil días de multa. 

“De manera cotidiana desde la presidencia de la república, se ordena la fabricación de delitos y la persecución a personas que piensan diferente y se vulnera de manera sistemática el debido proceso y la presunción de inocencia. Se acusa sin sentencia, sin mayores pruebas, esto ha contribuido a la vulneración de la justicia penal”, acusó Ana Teresa Aranda. 

“Estamos añadiendo el delito del Desvió del Poder', es ese fenómeno donde el abuso del poder supone el uso del aparato de justicia para perseguir a adversarios.

Ana Teresa Aranda argumentó que este fenómeno también se repite entre los personajes que forman parte de su equipo de trabajo, por lo que esta iniciativa busca evitar la fabricación de denuncias sin sustento para llevar a alguien a juicio o mantenerlos recluidos sin haber recibido una sentencia. 

“Para que no pueda acusarlo de los delitos que se le antojen al presidente, sin que haya nada que le de sustento a esa acusación. Estamos viendo que al interior del equipo lopez-obradorista hay una persecución terrible en donde se acusan entre ellos y se señalan entre ellos; esto tiene al gobierno de cabeza”, declaró. 

El caso del auditor

En Puebla recientemente las investigaciones que se abrieron desde la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Francisco Romero Serrano, ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ahora vinculado a proceso por violencia familiar y operación con recursos de procedencia ilícita.

La primera denuncia que enfrentó Romero Serrano tras la ruptura política con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, fue por las presuntas acusaciones de violencia en contra de su esposa y su hijo, sin embargo, la queja no fue presentada por la víctima directa sino por elementos de la policía municipal de Cholula. 

Aunque su esposa, Joseline Zurita Compañ desestimó los ataques e inició amparos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pues, la denuncia no presentaba pruebas contundentes, el juez de control a cargo del caso pidió prisión preventiva y la separación de su cargo para seguir las investigaciones del caso. 

Hasta el 28 de febrero de 2022, fue detenido y trasladado al Penal de San Miguel acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde el reclusorio siguió su proceso legal tras la investigación que inició la FGE en su contra, aunque se desconocen las pruebas que fueron presentadas para lograr su vinculación a proceso. 

Debido a que Romero Serrano se encontraba imposibilitado física y jurídicamente para ejercer las acciones de fiscalización en el estado de Puebla, el Congreso del Estado aprobó por mayoría su destitución luego de que Miguel Barbosa presentó una serie de reformas para dotar de facultades al legislativo local y realizar este proceso.