El Frente Nacional de Izquierda Social (Fenis) acusó irregularidades de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en torno a un socavón en Coronango que es utilizado como banco de tiro, pese al riesgo que representa, pues se ha convertido en una “mina de oro” por el cobro de descargas de escombro.

Integrantes del Fenis acusaron que dicho socavón se encuentra a pocos metros de viviendas, lo cual pone en peligro a los pobladores que habitan en esa zona: “este macro socavón es un conjunto de parcelas que forman más de 5 hectáreas y tiene más de 22 metros de profundidad, asimismo, se encuentra pegado a un conjunto habitacional de una zona urbana”, informó José Antonio Andrade Taja.

Agregó que ese hundimiento se formó hace unos 15 o 20 años tras la explotación de arcilla y tepetate en el lugar, pero que según lo indica la Ley para la Protección del Ambiente Natural, en su artículo 145; “todos esos hoyos, que en su momento se utilizaron para el aprovechamiento de minerales, se tienen que restaurar, no puede quedarse así, tanto por el impacto ambiental como el riesgo que representa ante la sociedad”.

En rueda de prensa, miembros del Fenis acusaron que, aunque hicieron explícito su descontento ante la Secretaría de Medio Ambiente, se les negó respuesta, por lo que culparon a la dependencia de negligencia por el caso omiso que ha hecho respecto a la restauración de al menos otros 15 hoyos de este tipo que se encuentran en Coronango.

“Hacen caso omiso porque cobran por el uso del banco de tiro”

En ese sentido, José Antonio Andrade Taja, también denunció que la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, incurrió en actos de corrupción al impedir la realización del proyecto de restauración.

Andrade Taja mencionó que en varias ocasiones le han sido rechazadas sus solicitudes para restaurar el terreno, lo cual se debe a un conflicto de intereses por un banco de tiro que se encuentra junto al socavón.

De acuerdo con los inconformes, se obliga a todos los constructores del estado de Puebla a realizar el depósito de sus escombros en ese terreno, y por cada descarga cobran de 200 hasta 250 pesos y al lugar, suelen llegar hasta 300 camiones diarios. Por lo que también se estaría incurriendo en el delito de monopolio.

Piden a gobernador Barbosa intervenir para solucionar el conflicto

Pese a que el caso ya se llevó ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el Palacio Nacional, entre otras dependencias solicitaron la pronta intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Estamos observando que hay un negocio entre un particular y gente de la Secretaría de Medio Ambiente, eso es claro, también está fomentado el monopolio de un particular en todo el estado. En ningún lugar del país se debe permitir, hemos visto que Luis Miguel Barbosa ha sido muy tajante contra secretarios que han hecho mal uso de las Secretarías y dependencias y ahí está la prueba con Guillermo Aréchiga”.