Después de entregar la iniciativa de Ley del Transporte al Congreso de Puebla, el gobierno del estado pagó 1 millón 90 mil 400 pesos a la sociedad civil Proyecto Céntrico para que hiciera el proyecto de iniciativa de esa misma ley, así como el reglamento y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

El 11 de noviembre de 2021 el poder legislativo recibió la iniciativa de Ley del Transporte enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y el 25 del mismo mes las y los legisladores la avalaron sin hacer cambios.

Sin embargo, el 19 de noviembre de ese año apenas la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), encabezada por Elsa María Bracamonte González, firmó un contrato con Proyecto Céntrico para que hiciera la iniciativa de ley.

En el contrato DABS/GESAI-095/SMT/248/2021, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se detalla que la vigencia del servicio sería del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

La sociedad civil, que registró como socio administrador a Georgina Alejandra Leal Vallejo, tuvo 41 días para entregar las iniciativas.

La SMT pidió a la sociedad civil revisar con profundidad la Ley de Transporte, el nuevo reglamento de transporte, así como la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para realizar sus propuestas.

Como parte del contrato, la sociedad se comprometió a entregar un índice de la definición de temas clave, así como la estructura del articulado; un documento con el decreto para su revisión que incluyera buenas prácticas estatales e internacionales, así como la exposición de motivos.

Este medio buscó una postura con el área de comunicación social de la Secretaría de Movilidad y Transporte para conocer si la propuesta de ley que presentó el gobierno al Congreso del estado fue la misma que contrató, pero no hubo alguna explicación.  

Ley de transporte requiere vinculación

Lydia Deni Gamboa López, fundadora del colectivo Espacio Público Facultad de Filosofía y Letras, consideró que a la Ley del Transporte le hizo falta ser vinculante, ya que en el documento se pueden leer oraciones en las que los actores involucrados “podrán hacer” determinadas acciones, cuando lo ideal sería que dijera “deberán hacer”.

Esto para que las acciones señaladas en la ley sean una obligación y no una opción.

También dijo que debió considerar aspectos como entregar las concesiones a personas morales y no sólo a individuos, esto con la finalidad de dar mejores condiciones de trabajo a conductores de unidades.

Respecto a la contratación de Proyecto Céntrico para la realización de la ley, avaló la acción al considerar que es una de las organizaciones que destacan a nivel nacional por su trabajo.

Comentó que incluso es una de las agrupaciones que los acompañaron en el proyecto de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que impulsan organizaciones civiles a nivel federal.