La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a seis meses de que interpusieran una denuncia en Miami contra Genaro García Luna, el proceso judicial se encuentra estancado en Estados Unidos por problemas burocráticos.

De acuerdo con documentos de la Corte de Miami, el gobierno mexicano señaló que la oficina del secretario de Estado se ha retrasado “varios meses” en las traducciones, además de que no ha entregado a tiempo apostillados y firmas, por lo que no ha podido ubicar a los acusados panameños.

En respuesta, el gobierno de Estados Unidos respondió que entregó las traducciones en tres semanas.

Jeffrey C. Schneider, abogado de los socios de García Luna que operaron las empresas Nunvav y Gull Holding Sunshine señaló que, si bien la UIF busca cuatro meses adicionales, podrían demorar hasta un año o más pues no han podido ubicar a dos de los acusados.

En el documento también se revela que, derivado del “atraso estatal”, México no ha recibido el apostillado de documentos del caso, por lo que el portal del Departamento de Estado registra tres meses en la demora de este trámite.

En respuesta al escrito, la UIF reconoció que no ha logrado notificar a todos sus acusados en Panamá, salvó a Alexis Weinberg Pinto; además tuvieron que modificar la demanda pues no siguió los estatutos que marca el estado de Florida.

Los problemas en el caso García Luna empezaron a hacerse evidentes desde octubre de 2021, cuando los abogados de la UIF informaron que solicitarían la intervención de los tribunales panameños para obtener los testimonios de los dueños de las empresas Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y Gull Holding Enterprises Inc, localizadas en la capital del país.

En otro documento ingresado el 7 de febrero en la Corte de Florida, la defensa mexicana sostiene que la empresa Nunvav Inc sí fue controlada y operada en Florida y formó parte de la red de empresas que lavó dinero para el ex secretario Genaro García Luna.

Asimismo, envió repetidamente fondos a Florida que habían sido robados al gobierno mexicano con el fin de asegurar y ocultar las ganancias del esquema de contratos gubernamentales ilegales y colocarlos fuera del alcance del demandante.

Desde el pasado mes de septiembre, la UIF presentó una demanda ante una Corte del condado de Miami, buscando recuperar al menos 250 millones de dólares que robó el ex secretario de Seguridad Pública y sus cómplices, quienes además ocultaron fondos extraídos de manera ilegal.

Según el documento se habrían hecho al menos 64 transferencias con dinero robado a través de bancos en México y en Estados Unidos. Entre los bancos que eligió la red de García Luna se encuentran Banxico, BBVA, CIBANCO, Bank of America, Banorte, entre otros.

Con información de Milenio.

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