En contra de lo previsto por la LXI Legislatura de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó en bloque el cobro de alumbrado público en 144 municipios, con lo cual el Congreso local acumuló un nuevo revés del órgano nacional.

La ombusdperson Rosario Piedra Ibarra interpuso tres acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya se admitieron y se dieron a conocer este lunes mediante el sistema de notificaciones.

Los recursos promovidos buscan invalidar diversos artículos de las leyes de ingresos municipales aprobadas por el poder Legislativo el pasado 24 de diciembre. 

Esto por considerar que el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) resulta inconstitucional porque violenta el derecho a la seguridad jurídica de las personas, ya que representa un impuesto que se presenta como el pago de un derecho.

Los juicios de la CNDH se suman al iniciado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), que también demanda invalidar el cobro.

El ayuntamiento de Puebla a su vez promovió una controversia constitucional para reclamar su derecho a cobrar el DAP, ya que el poder Legislativo se lo impidió, al igual que a San Andrés y San Pedro Cholula.

Admiten impugnaciones

Las nuevas acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por la Corte en los expedientes 13/2022, 14/222 y 18/2022.

Todas están en espera de ser turnadas a la ponencia de algún ministro o ministra, pero se acumularon para resolverse en conjunto con el recurso de la CDH.

“Atento a que existe identidad respecto de los decretos impugnados en este asunto y los controvertidos en la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022 y 14/2022, promovidas respectivamente, por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se decreta la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad”, señala el acuerdo emitido por la Corte.

El Congreso ya es cliente 

El Congreso de Puebla autorizó el cobro del DAP a pesar de que la CNDH lo invalidó a la pasada legislatura, ya que promovió varos recursos y todos los ganó.

Los principales impulsares del cobro, los diputados Jorge Estefan Chidiac (del PRI) y Eduardo Alcántara Montiel (PAN), afirmaron en repetidas ocasiones que esta vez el derecho y las tarifas eran constitucionales, por lo que habían descartado nuevas inconformidades de la CNDH.

Esto al señalar que antes el DAP se cobraba de manera proporcional al consumo de energía, así que pagaban más quienes consumían más, pero esto resultó inconstitucional para la SCJN, así que se modificó la fórmula.

La nueva consistió en dividir lo que cuesta a los ayuntamientos preservar el servicio, entre el número de cuentas predial del municipio, como evidentemente las tarifas serían muy altas, se determinó que los gobiernos municipales aporten un subsidio para cubrir la mayoría del costo total, sin embargo, para la CNDH y la CDH esto continúa siendo inconstitucional.

​La pasada legislatura (2018-2021) enfrentó en la Corte diversos juicios en su contra, la mayoría interpuestos por la CNDH, en contra de leyes, reformas, acuerdos y leyes de ingresos municipales aprobadas por legisladores, ya que contenían cobros excesivos, injustificados o fuera del marco legal, como ocurrió nuevamente.