El diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, en especial a los municipios que integran el Distrito Segundo Local, a coadyuvar con el Gobierno Estatal para que ejerzan de manera adecuada, responsable y eficiente sus atribuciones en materia de seguridad pública.

Esto, con el objeto de reforzar las estrategias, acciones y operativos encaminados a prevenir y disminuir la incidencia delictiva, contribuyendo con ello a preservar la paz y el orden público en el Estado.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el fin de evitar la retención de la licencia de conducir, tarjeta de circulación, placas de circulación o cualquier otro documento, como garantía de pago de multas o infracciones.

La iniciativa, que pretende adicionar dos párrafos al artículo 166 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad, para su análisis correspondiente.

En su momento, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que los estacionamientos públicos y privados del estado, contraten un seguro de responsabilidad civil o fianza, que cubra el robo o daño total o parcial de los vehículos; con el objetivo de que los usuarios tengan la seguridad y el respaldo de sus bienes.

Para este fin, la legisladora propone reformar el artículo 106 de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

Para su estudio procedente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Transportes y Movilidad.

Asimismo, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que todas las plataformas de vehículos de aplicación cuenten con un botón de pánico que les permita a las y los usuarios, su conexión con el C5 en tiempo real, en caso de estar sufriendo algún tipo de delito.

La iniciativa, que propone reformar la fracción XII del artículo 120 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su análisis procedente.

Durante la sesión, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, a legislar en materia de fraude y robo de identidad en instituciones financieras, atendiendo los nuevos mecanismos utilizados por los delincuentes.

Por otra parte, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado de Puebla, para brindar el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos aplicando la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.

Así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, para que de forma coordinada atiendan, sancionen y erradiquen de los tiraderos a cielo abierto, garantizando la sostenibilidad ambiental y la salud pública en Puebla.

El exhorto fue dirigido a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su análisis y dictaminación correspondiente.

Finalmente, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado; a la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad; y a los 213 Ayuntamientos y cuatro Concejos Municipales, para que implementen acciones que permitan que las y los poblanos conozcan las medidas que deben de tomar en cuenta, para evitar fraudes y comisión de delitos, ante la supuesta exhibición o compraventa de vehículos, así como los medios de denuncia que tienen, en caso de actualizarse alguna de estas conductas.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución procedente. (PSR)