Por presuntas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social, que costaron más de 200 mil millones de pesos al erario, veinte ex mandos del sistema penitenciario federal están citados ante un juez federal

Para este lunes está programada la realización de la audiencia inicial en la causa penal 45/2021, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar delitos cometidos por servidores públicos.

Las dos ocasiones anteriores no se pudo realizar la audiencia porque los imputados desconocían la carpeta de investigación y porque cuando ya estaban todos notificados, Javier Haro de Alva, exdirector del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se excusó de asistir por cuestiones de salud.

Haro de Alva logró que la FGR le concediera un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en testigo colaborador.

Con la información que aportó, la FGR integró la carpeta contra él y el resto de los exservidores públicos, aunque también está obligado a presentarse en la diligencia de hoy.

También está citada Celina Oseguera Parra, quien es excoordinadora nacional de los penales federales.

El caso derivó de la investigación en la que, en 2021, otro juez federal en el Centro de Justicia del Altiplano, Estado de México, ordenó aprehender a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por la firma de ocho contratos por 270 mil millones de pesos en los penales federales por adjudicación directa.

Los exfuncionarios han sido señalados por el pago a sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos, en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, así como Morelos, según una información del diario El Universal.