Cobros por visitas de menores de edad a sus padres internos, prostitución, extorsión a personas excarceladas, venta de alcohol y droga, así como privilegios a reos, es la realidad que se vive en el penal de San Miguel, a pesar de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta afirma que no existe.

En el área varonil y femenil custodios son omisos por temor a represalias de sus mandos y las propias autoridades estatales, que toleran la situación, lo cual ha generado que en los centros penitenciarios exista un autocontrol. 

Denuncias por parte de familiares de internos señalan que en el centro penitenciario del estado se cobra mil pesos por dejar pasar a menores de edad, para que estos puedan ver a sus padres o madres reclusas. Por lo anterior y debido a lo excesivo de la cantidad que se exige, varios internos llevan muchos meses sin ver a sus hijos. 

En el caso de los adultos, lo que deben pagar son 50 pesos, solo y exclusivamente si se cuenta con el pase respectivo otorgado por la Dirección de Ceresos, sin embargo, si no se tiene aquel documento y además se trata de un día que no toca visita, el cobro es de 100 pesos. 

En contraste, tener solvencia económica es sinónimo de acceder a privilegios dentro del penal, como la contratación de sexoservidoras, consumo de alcohol y drogas, así como teléfonos celulares para estar en permanente comunicación con el exterior o para cometer ilícitos como extorsión y cobro de derecho de piso.

Familiares de internos y trabajadores del penal que están en desacuerdo con estas prácticas, acusaron que no han podido evidenciar la problemática a través de fotografías o videos, debido a que no se les permite ingresar con aparatos electrónicos, y los reclusos que tienen uno, son obligados a tapar las cámaras usando kola loka o bicarbonato.

Además, se enfrentan a la posible colusión de las mismas autoridades penitenciarias, pues subrayaron que el subsecretario de nombre Alfredo Vargas Quintanilla, junto con el encargado de Ceresos, Jaime Mendoza Bon y los comandantes, acordaron extender la venta de cerveza y botellas en el área femenil, donde algunas internas “se prostituyen y se ponen muy agresivas, faltando al respeto a las custodias y a veces, no pueden entrar a sus celdas”. 

Algunas de estas anomalías ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dentro de la carpeta de investigación 000035/2021 radicada en la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión. 

La víctima, Fernando Urbano N, declaró ante el agente del Ministerio Público que estuvo recluido en el penal de San Miguel hasta el mes de enero de 2019. Durante su estancia conoció a otro interno de nombre José Ruperto Hernández Pérez, quien está acusado y sentenciado por el delito de secuestro y delincuencia organizada. 

Poco después de que Fernando obtuviera su libertad, explicó que comenzó a recibir llamadas telefónicas de José Ruperto, quien intentó extorsionarlo, al grado de que lo amenazó con secuestrarlo a él o a su familia, a quien ubicaba por las visitas que el quejoso recibió en el Cereso mientras se encontraba recluido. 

El denunciante destacó que nunca accedió a las presiones del interno, quien tendría todas las facilidades y el apoyo del director del penal Jaime Mendoza Bon, para cometer sus delitos en confabulación de una mujer identificada como María Eugenia, encargada de recibir los depósitos que se obtienen de dichas actividades ilícitas. 

Por tal motivo, el exconvicto exigió todas las medidas de protección necesarias para él y su familia, pero también una revisión en el Cereso de San Miguel, pues de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas sentenciadas por delitos como secuestro, deberán estar en espacios especiales dentro del reclusorio. 

El artículo 37 de la misma ley, refiere que los detenidos por delincuencia organizada deben contar con vigilancia permanente, incluso en módulos o locutorios, y ser cambiados de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama, aspectos que no se cumplían con José Ruperto.