Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), ahora acusó que compañías fabricantes de armas de Estados Unidos financian videojuegos violentos con el objetivo de expandir el consumo de armas entre los jóvenes.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard denunció que el objetivo de financiar estos videojuegos es quitar a los jóvenes “la dimensión humana” y normalizar que pueden agredir a otras personas con armas.

Señaló que las empresas buscan expandir el consumo entre jóvenes para que puedan agredir a otras personas y convertirlo en una especie de competencia.

Hace unos días López Obrador arremetió contra los videojuegos, a los que englobó como “Nintendo”, acusándolos de ser tóxicos y violentos, recordando que antes la niñez se divertía con el programa de “Chabelo”.

Por ello anunció que su gobierno analizará los videojuegos, pues tienen contenido nocivo, promueven la competencia entre el prójimo, el individualismo y el mercantilismo, ya que para vencer a los rivales se debe reunir dinero virtual para “comprar” armas.

Ganaremos demanda contra empresas

Por otra parte, Ebrard Casaubón informó que tras la demanda que presentó el gobierno mexicano contra 11 compañías de armas, a la que las acusa de favorecer el tráfico y uso de armas en nuestro país, las compañías contestaron que ellas solo las venden y no es su responsabilidad lo que se hace con ellas.

Dijo que el 70 por ciento del tráfico de armas proviene de los Estados Unidos, por lo que confió en que el gobierno mexicano gane esta demanda a las empresas por negligencia, concepto utilizado en la ley norteamericana y ya fue admitida por la Corte.

Dijo que la Corte les dio hasta el 31 de enero para responder a dichos argumentos hechos por la industria, que señalan a México como responsable de la violencia en el país, coincidiendo las 11 compañías en que ellos no tienen ninguna responsabilidad.

Posteriormente, tendrán hasta el 28 de febrero para responder nuevamente para que la Corte tome una determinación, la cual, en caso de ser positiva para México, significaría llevarlos a una apelación.