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El ejercicio histórico del derecho tiene fecha de caducidad. Muchas causas sociales han puesto sobre la mesa la insostenibilidad de dolores que aquejan al mundo desde tiempos inmemoriales. Estos pulsos obligan a los juristas a ejercer de forma más justa, democrática y humana.

Una de las vías para conseguirlo es el litigio estratégico, práctica que ha sido fundamental en la transversalización de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública. Esta mirada global de acciones sustantivas resulta fundamental para contener el autoritarismo y desplazar la cultura de violencia.

Durante la inauguración de una jornada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Mtro. Alfredo Castillo Romero, director general del Medio Universitario de la IBERO Puebla, invitó a crear alternativas para proteger los derechos humanos frente a contextos de exclusión. “Para la universidad es fundamental la formación de personas comprometidas con la lucha por la dignidad”.

Es posible construir nuevas realidades desde el litigio. Los avances de la jurisprudencia no serían posibles sin las propuestas de cada una de las partes que integran el ejercicio litigante: tanto defensores como víctimas son fundamentales para convencer a los jueces de que los argumentos deben convertirse en sentencias.

 Como explicó el Dr. Víctor Rodríguez Rescia, defensor internacional de los derechos humanos, el litigio estratégico no es solo una táctica que ofrece un resultado pragmático, sino que funciona como una vía para resolver problemáticas estructurales. A su parecer, las desgracias ajenas deben verse como oportunidades para dejar precedentes de actos reprobables para que no vuelvan a ocurrir.

Los sistemas litigantes anglosajones exigen que las resoluciones se apeguen a lo que las partes piden. Si bien el enfoque puede ser adecuado para asuntos civiles, las graves violaciones a los derechos humanos requieren de una lectura mucho más abstracta e integral.

En México existe un concepto conocido como ‘suplencia de la queja’. Se trata de una llave que permite expandir los alcances de las exigencias del quejoso para contribuir a que el caso en cuestión tenga impacto en otros agravios similares. Las críticas a esta forma de hacer derecho señalan que los jueces no deben convertirse en activistas, sino ceñirse al ejercicio de las normas jurídicas.

No obstante, para Rodríguez Rescia este tipo de figuras son fundamentales para la ruptura de paradigmas obsoletos. El litigio estratégico mueve a realizar un ejercicio de sociología jurídica y cuestionar la articulación de las normas. “No nos conformemos con ser aplicadores de leyes. Eso no es ser abogado, es ser un operador legal”, zanjó.

Toda interpretación de una norma debe estar contextualizada, especialmente cuando hay derechos humanos en juego. Instancias internacionales han emitido recomendaciones sobre cómo tener la aproximación más certera a las leyes, lo que ha permitido que principios como el derecho a la familia hayan podido adaptarse a cada lugar y momento sin importar que las constituciones lo enuncien de forma limitada.

Otro paradigma que debe desaprenderse es la soberanía. Hasta hace poco, los juristas en México eran formados para entender el derecho como un asunto nacional, por lo que la locución “por encima de la Constitución no hay nada” subordinaba (y lo sigue haciendo en algunos casos) los tratados internacionales.

Con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 se introdujo un principio de convencionalidad que obliga al Poder Judicial a contemplar los principios internacionales ratificados por nuestro país; en caso de controversias, se aplica aquello que beneficie más a las personas. Sintetizó Víctor Rodríguez: “El litigio estratégico propone salirse de las fronteras”.

El presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos recomendó cuestionar todo proyecto de ley que tenga indicios de ser violatorio de los derechos humanos. “Decir ‘eso lo dice la ley’ no es estudiar Derecho”. Animó al alumnado de ciencias jurídicas a que su práctica profesional deje como legado una justicia no politizada, pues el fin último es abrir el derecho a todas las personas.